Andrés Granier Melo sufrió dos reveces jurídicos: la Procuraduría de Tabasco le fincó una nueva acusación por peculado, superior a los 2 mil millones de pesos; mientras que el amparo otorgado en días anteriores, sólo fue para corregir el nombre del secretario que dio fe del auto de formal prisión.
Al ex gobernador tabasqueño se le han embargado 13 inmuebles y tres cuentas bancarias, en las que se presume que depositó los recursos del erario público.
El Consejo de la Judicatura Federal aclaró que el amparo otorgado por el Juez de Amparo se dio sólo para corregir el nombre del secretario de acuerdos que dio fe del auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal.
El Consejo de la Judicatura Federal indicó que por ello se ordena que se reponga el procedimiento, ya que no cuenta con el nombre del secretario de acuerdos que dio fe de la determinación judicial del 02 de julio.
“El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio, (…) en su lugar ordene se subsane la omisión apuntada…a fin de que se precise el nombre y apellidos del Secretario de Juzgado que autoriza y da fe del auto de término constitucional”, dicen los resolutivos.
Otra acusación
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Tabasco, Granier Melo y otros funcionarios desviaron fondos del Ramo 28 otorgados por el Banco de México a la administración durante el 2012 para educación pública y el sector salud.
La acusación es en contra Andrés Granier; el ex tesorero, José Manuel Sáiz Pineda; el entonces subsecretario de egresos, Miguel Ángel Contreras García y Alejandro Villegas Aparicio, ex director de tesorería, quienes presuntamente desviaron fondos federales a cuentas particulares.
En conferencia de prensa, el procurador tabasqueño Fernando Valenzuela Pernas, explicó que para realizar las pesquisas se requirió del apoyo de peritos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y así establecer la red de vínculos entre los involucrados y las cuentas bancarias.
Explicó que tan sólo en el ejercicio presupuestal 2012 se detectaron irregularidades por 2 mil 604 millones de pesos, presupuesto que fue justificado a través de información falsa presentada al Congreso estatal.
Detalló que en el reporte trimestral, hasta el 30 de junio de 2012, se encontró una justificación documental bajo el rubro de gastos diversos por mil 064 millones de pesos, cuando en realidad la disposición era de 2 mil 604 millones.
Con el desvío de recursos los sectores más afectados fueron el educativo y de salud, pues se dejaron de hacer contrataciones de médicos y maestros, lo que generó el perjuicio de 9 mil niños.
En la Secretaría de Educación estatal se detectaron facturas con precios inflados, boletos de avión a personal que nunca operó en la dependencia, y recursos materiales que no fueron adquiridos, entre otros.
El procurador aseguró que dicha acusación está fundamentada en investigaciones de varios meses, donde han participado expertos en materia de contaduría y finanzas como las contadoras Inés Ruiz Macossa y Víctor Manuel Domínguez Herrera, con apoyo y asesoría de la CNBV y la SHCP, por lo cual, no son imputaciones baladí.
Por ello, están dejando un desglose de la averiguación previa 067/2013, y en su caso hacer las imputaciones necesarias a otros servidores públicos de la pasada administración que se encuentren coludidos con el peculado.
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