La reforma político-electoral, enviada a los congresos estatales el pasado viernes, busca que 12 mil burócratas del IFE y los empleados de los órganos electorales de las 31 entidades del país se incorporen al Servicio Profesional Electoral, pero no especifica las reglas ni de dónde saldrá el presupuesto para ello, por lo cual el IFE lo considera una labor prácticamente imposible de cumplir y que elevaría “exorbitantemente” el costo de la democracia.

 

Actualmente laboran 14 mil empleados en el Instituto Federal Electoral, de los cuales sólo dos mil están incluidos en el Servicio Profesional Electoral, es decir, que sus puestos se los ganaron mediante un concurso de plazas. Los cambios aprobados  por el Poder Legislativo contemplan que todos los trabajadores deben incorporarse a ese esquema.

 

Sin embargo, un análisis interno del Instituto Federal considera  que las incongruencias con que fue redactada la minuta de la reforma causan que, con la creación del nuevo Instituto Nacional de Elecciones, el Servicio Profesional Electoral se tambaleé.

 

Por ejemplo, en los estados, aunque todos los órganos electorales locales tienen Servicio Profesional, eligen a discreción cuántas plazas de su universo de plantilla laboral mandan a concurso.

 

Al absorber el INE la organización del Servicio Profesional Electoral del IFE y de las 31 entidades del país, se tendría que contemplar un presupuesto para someter las plazas a concurso, así como elevar los sueldos y prestaciones de burócratas, ente otras medidas.

 

En su diagnóstico, los consejeros alertaron que esa decisión centralizará los procesos democráticos y generará que los institutos locales pierdan autonomía, pues todas las acciones sobre capacitación electoral, fiscalización, organización de comicios, designación de consejeros en las entidades vendrán desde el Consejo General del INE.

 

“El ingreso, capacitación, profesionalización, evaluación, rotación y permanencia de los miembros al servicio profesional bajo una administración única, vulnera el ejercicio de las funciones de los órganos locales, al desaparecer la línea de mando entre el servidor y la autoridad electoral local”, señala el reporte elaborado por los cuatro consejeros del IFE.

 

Cuestionan a los legisladores por lo “bizarro” de su reforma electoral, en específico en el tema de Servicio Profesional: “¿A qué autoridad responderá? Se desconoce cuál sería la línea de mando, y la relación de subordinación operativa si estaría a cargo del INE o sería atribución de los organismos electorales locales.

 

Otra de las decisiones que la reforma no incluye es “qué  autoridad tendría que presupuestar el costo de los funcionarios del servicio y por tanto su presupuesto operativo y los proyectos especiales en que intervenga el Servicio Profesional Electoral”.

 

Por lo cual, los cuatro (de nueve) consejeros que quedan en el IFE concluyen que “sería complicado y costoso manejar centralizadamente a cuerpos de funcionarios que en su desempeño laboral deberán obedecer a políticas, legislaciones y programas diferenciados de órganos públicos locales”.

 

Alertaron que como está redactada la minuta enviada a los congresos locales “tendría que establecerse una homologación no solo de remuneraciones e incentivos, lo cual incrementaría el costo de la administración de un servicio nacional de manera exorbitante; además, se debería crear un tabulador único que elevaría el costo laboral”.

 

Una de las mayores preocupaciones es el artículo 41 apartado B, en el cual se obliga a que todos los servidores públicos del INE y organismos de los estados  “deberán ingresar al Servicio Profesional Electoral. Sólo considerando los trabajadores del IFE, el Servicio Profesional pasaría de dos mil a doce mil integrantes del servicio, a lo que se tendría que agregar a los funcionarios de los institutos estatales”.

 

Esa medida, explicaron. “implica un costo mucho mayor y menos flexibilidad en la contratación por las características inherentes de cualquier servicio civil de carrera”. En suma, los consejeros han alertado por la “incongruencia” con que fue hecha la reforma electoral, por lo cual, “la democracia mexicana pagará un alto costo”.

 

Dedican última sesión del año a austeridad

 

Este lunes el IFE realizará su última sesión de 2013, en la cual someterán a discusión del Pleno 25 medidas de austeridad para “apretarse el cinturón”, entre las que destacan disminuir el número de viajes, viáticos y prestaciones extraordinarias a funcionarios, así como una reducción en los costos de operación; sin embargo,  los sueldos de los consejeros (250 mil pesos) y  decenas de asesores (96 mil pesos) quedarán exentos de los recortes en el presupuesto.

 

La consejera presidenta, María Marván, junto a sus compañeros Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Lorenzo Córdova, someterán a discusión este 16 de diciembre las 25 medidas para ajustar su presupuesto, tras el recorte de 500 millones de pesos al IFE por el Poder Legislativo.

 

Aunque los consejeros elaboraron un documento donde se comprometen a no autorizar más plazas ni aumentos a mandos medios o superiores, así como racionalizar sus gastos en viajes, viáticos, autos y servicios médicos, los sueldos de consejeros y sus asesores seguirán intactos.

 

Los salarios de los consejeros se mantendrán en 259 mil 314 pesos mensuales al igual que los de su equipo de asesores, los cuales están estimados, entre 90 mil y 150 mil pesos mensuales. Sin contar la cifra pagada a los cuatro asesores que tiene cada una de las representaciones de los siete partidos, y otros cuatro de las siete representaciones del Poder Legislativo.

 

Entre otras medidas, el órgano electoral suspenderá el programa de adquisición de inmuebles, la cual, “procederá sólo en los casos  de instalación o cambio de domicilio, por cuestiones de seguridad y protección civil o  cuando represente ahorros o beneficios para el Instituto”.

 

Los consejeros pedirán a los mandos del IFE que se abstengan “de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo”.

 

En el instituto tienen la meta de ahorrar gasolina, por lo cual “en la medida de lo posible fomentar que las reuniones de trabajo se celebren haciendo uso de medios electrónicos, con el propósito de disminuir los viajes del personal por comisiones, y con ello reducir los gastos en viáticos, pasajes y gasolina”.

 

Aunque las medidas de racionalidad de gasto serán sometidas a discusión del pleno del IFE en la última sesión del año, su aplicación podría durar sólo unos meses debido a que sólo falta la aprobación de la mayoría de congresos de los estados para consumarse la desaparición del instituto.

 

De aprobarse por al menos 16 legislaturas locales, se iniciará con el proceso de creación de leyes secundarias donde el Poder Legislativo decidirá cuánto quiere gastar en la transición del nuevo Instituto Nacional de Elecciones, en el cual las medidas de austeridad propuestas por los consejeros podrían quedar obsoletas