BRASILIA. El gobierno de Brasil descartó hoy que la “Carta Abierta al pueblo brasileño” divulgada por el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos Edward Snowden pueda ser interpretada como una petición de asilo político, informaron fuentes oficiales.
El gobierno no ha recibido una petición formal de asilo del ex analista de la NSA ni considera la carta de Snowden publicada hoy por el diario Folha de Sao Paulo como una solicitud, dijeron hoy fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores citadas por la estatal Agencia Brasil.
Las mismas fuentes dijeron que la campaña lanzada en internet por el brasileño David Miranda para convencer al gobierno de que atienda la petición de asilo tampoco puede ser considerada como una petición del deseo de Snowden de recibir asilo.
Miranda es el compañero del periodista estadounidense Glenn Greenwald, excolumnista del diario británico The Guardian residente en Río de Janeiro, uno de los “contactos” de Snowden y quien publicó muchos de los documentos filtrados por el ex empleado de la NSA.
Pese a que tanto Miranda como Greenwald negaron que Snowden esté dispuesto a revelar detalles del espionaje en Brasil a cambio del asilo, los miembros de una comisión del Senado que investigan el caso pidieron hoy que el gobierno atienda la petición.
La senadora Vanessa Grazziotin, que preside la comisión del Senado que investiga el espionaje en Brasil, aseguró que conversará con miembros del Gabinete sobre el deseo de Snowden.
“Con Snowden aquí en Brasil con seguridad podremos desnudar toda esa situación que causó perplejidad no sólo en el país sino en numerosos países y entre varios líderes del mundo”, agregó el senador Ricardo Ferraço, otro de los miembros de la comisión.
En la carta abierta que divulgó hoy, Snowden anunció su intención de pedir asilo permanente a Brasil, país que, tras la divulgación de los documentos de la NSA que revelaron que Estados Unidos espió las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff, de varios de sus ministros y de la empresa pública Petrobras, lidera diversas iniciativas globales para regular el espionaje a través de internet.
La Cancillería brasileña aclaró igualmente que el gobierno considera el asilo como un instrumento del derecho humanitario para beneficiar a víctimas de persecución política, por lo que no puede ser concedido a cambio de informaciones.
Ello debido a que la carta de Snowden sugiere que el exanalista estaría dispuesto a revelar otros detalles sobre el espionaje estadounidense en Brasil a cambio del asilo.
Esa interpretación fue desmentida por Greenwald, quien, en su página en Twitter, acusó a algunos medios de haber malinterpretado las palabras de Snowden que, en su opinión, en ningún momento condicionó la entrega de informaciones al asilo.
Según la Cancillería, en caso de que el exanalista de la NSA solicite asilo, la petición será analizada a partir de los elementos disponibles y del derecho internacional.
La Cancillería agregó que la concesión del asilo es una prerrogativa del poder Ejecutivo por lo general decidida a partir de las evaluaciones de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, pero que la última palabra la tiene el jefe de Estado.
Según Snowden, que recibió asilo provisional en Rusia, “hasta que algún país” le conceda asilo permanente “el gobierno de Estados Unidos seguirá interfiriendo” en su “capacidad de hablar” y denunciar.
Tras obtener refugio temporal en Rusia en junio pasado, el ex analista pidió asiló a una veintena de países, entre ellos Brasil, pero el gobierno de Rousseff se limitó a comunicar que “no tenía intención de responder”. Posteriormente el entonces canciller, Antonio Patriota, aseguró que Brasil no concedería el asilo.
Rousseff canceló una visita de Estado que haría a Washington tras la filtración de los documentos que revelaron que sus comunicaciones telefónicas y digitales eran espiadas.
Además de promover un debate en la ONU para que se establezcan normas globales que impidan el espionaje a través de internet, la presidenta brasileña convocó a una conferencia global para marzo del año próximo en Sao Paulo, a fin de que el asunto sea debatido por jefes de Estado, empresarios, académicos y movimientos sociales.