El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, expresó su preocupación ante la postura del estado de Guerrero con relación a los grupos de autodefensa, a quienes, dijo, en un principio brindó apoyo.

 

“Este organismo nacional observa con preocupación la postura del gobierno del estado de Guerrero, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento y más reciente mente se han realizado hechos como la detención de integrantes de estos grupos”, dijo.

 

Al presentar el “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública, en el estado de Guerrero“, el ombudsman señaló que hasta el momento no advierte acciones que atiendan las causas de fondo que originaron el surgimiento de estos grupos.

 

Recordó, de acuerdo con información periodística, que desde mediados de los años 90 con el surgimiento de La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el gobierno estatal los dotó de armas y equipamiento, financiamiento que se reconoció en el informe que envió a la CNDH el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esta entidad.

 

“La suma total de estas aportaciones, según lo referido por la autoridad estatal, es de 11 millones 615 mil 914 pesos, desde enero hasta el 6 de junio del presente año, donde se puede observar que 6 millones 168 mil 205 pesos correspondieron a la CRAC y 5 millones 447 mil 709 pesos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero”, refirió.

 

Sin embargo, Plascencia Villanueva señaló la detención de integrantes de los grupos de autodefensa que entre sus funciones estaba la coordinación y gestión de recursos económicos, así como la entrega de despensas a los policías que conforman su red de protección comunitaria.

 

Tal es el caso de la líder del grupo de autodefensa de Olinalá, detenida el pasado 21 de agosto a solicitud de autoridades civiles estatales. “Debe señalarse, sin prejuzgar sobre la responsabilidad penal de los involucrados, resulta preocupante para la CNDH la forma en que se condujeron las autoridades del estado de Guerrero, quienes han realizado diversas acciones que aparentan un uso sesgado de la justicia con la finalidad de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas”, explicó.

 

Y añadió: “Ejemplo de ellos es el internamiento de la coordinadora de la policía comunitaria en un centro penitenciario alejado de sus familiares, sin dejar de observar que el delito que se le imputa -secuestro- pudiera estar relacionado con el tipo de actividades que realizaba en sus labores de policía comunitaria, las cuales fueron avaladas, reconocidas y apoyadas por el gobierno.

 

El ombudman nacional señaló que existe presencia de grupos de autodefensa en 46 de los 81 municipios guerrerenses, lo que representa el 65.7 por ciento de la población total del estado, correspondiente a más de tres millones de ciudadanos.

 

Indicó que la inseguridad que existe en esta entidad, ha generado el fenómeno del desplazamiento forzoso de los pobladores, teniendo hasta el momento documentados 2 mil 193 casos.

 

En este sentido Plascencia Villanueva apuntó que la situación que vive Guerrero es sensible y delicada no sólo por el número de delitos que se cometen diariamente, sino por “las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad” lo que provoca la vulneración de los derechos fundamentales.

 

Llamó al Senado de la República a analizar la situación de esta entidad a fin de adoptar las medidas necesarias de acuerdo con sus facultades constitucionales.

 

En tanto al poder ejecutivo de Guerrero lo exhortó a “establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y se abone a la plena vigencia del estado de derecho en las comunidades y municipios”.

 

Así mismo al poder legislativo del estado lo llamó a analizar las condiciones en las que se encuentran los 46 municipios con presencia de grupos de autodefensa y tomar las medidas para restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad.

 

Mientras que a los ayuntamientos a que tomen medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública que garanticen “la paz y el orden público”.