El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que de aprobar el Senado la Ley Federal de Consulta Popular, sin modificaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la última palabra sobre una consulta sobre la reforma energética.
El diputado federal del PAN fue entrevistado al concluir la primera sesión de la Comisión Permanente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma energética para que en breve la promulgue el Presidente de la República.
Sobre qué tanto es real la posibilidad de que la reforma ya promulgada se pueda revertir con una consulta popular, Anaya Cortés recordó que aún no es ley ya que se encuentra en el Senado para su revisión.
“Hay que recordar que en materia de consulta popular aún no tenemos una ley vigente, lo que hay es una minuta en la Cámara de Senadores, habrá que esperar a la discusión y votación de los senadores”, expresó.
Estableció que en el supuesto de que los senadores la aprobarán en los términos que la envió la Cámara de Diputados es muy simple, si la consulta popular es solicitada por ciudadanos quien resuelve en definitiva sobre si procede o no es la SCJN.
El legislador panista reconoció que los distintos actores políticos tienen derecho a opinar, pero quien va a resolver en definitiva, de confirmarse la legislación en este tema y en los términos en que está, sería la SCJN.
Por otra parte, en conferencia de prensa, legisladores de izquierda consideraron que con o sin ley secundaria la consulta popular reconocida en la Constitución se realizará para hacer valer la voluntad ciudadana sobre este asunto.
Las diputadas Aleida Alavez Ruiz, Verónica Juárez Piña y Graciela Saldaña Fraire y el diputado Javier Orihuela García, así como los senadores Manuel Camacho Solís, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Zoé Alejandro Robledo Aburto y Lorena Cuéllar Cisneros recordaron que preceptos semejantes ya se han aplicado.
En ese sentido, recordaron que el PRI, PAN y sus aliados impusieron la “iniciativa preferente” del Ejecutivo federal para reformar el Artículo 123 de la carta magna, en alusión a la reforma laboral.
Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la cámara baja, lamentó una supuesta manipulación para evitar que la población se informe e intervenga en la definición de la “reforma energética”.
La diputada federal consideró que la figura de consulta popular instituida en la Constitución tiene todos los elementos y mecanismos para realizarse.
En tanto, la diputada Verónica Juárez Piña advirtió que la lucha por la defensa del petróleo y los energéticos no acaba en este punto.
Anunció la conformación del Plan por la Unidad en Defensa de la Soberanía Nacional y los Recursos Energéticos entre legisladores del PRD en las cámaras de Diputados y Senadores con organizaciones civiles.
Las legisladoras y los legisladores perredistas consideraron explicable que los impulsores de la reforma energética ahora quieran boicotear una consulta popular.
Por su parte el senador Manuel Bartlett, del PT, afirmó que el procedimiento de la declaratoria es una farsa, ya que ni siquiera se dieron a conocer los documentos que avalan ese procedimiento.
La diputada Lilia Aguilar, del PT, dijo que faltó procedimiento político y legislativo, pues se constató con el “fast track” en los estados en la reforma energética; “no se le ha puesto el cuidado procedimental o el cuidado legal debido y eso lo pone en riesgo de cualquier impugnación legal”.