El incremento de la temperatura en el país de entre 0.5 y 1.5º centígrados en los próximos 20 años, debido al cambio climático, afectará a 34 millones de mexicanos, que representan 30% de la población, y 7.8 millones de viviendas, 28% del total.

 

El cambio climático podría exacerbar las condiciones de sequía en el norte del país, impactaría en una reducción de los rendimientos de las cosechas en varias regiones del territorio nacional, advierte el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat).

 

De acuerdo con el documento, tan sólo entre 2001 y 2010, las inundaciones ocurridas en el país afectaron a 13.4 millones de habitantes con daños calculados en cerca de 237 mil millones de pesos, cifra que podría triplicarse en los siguientes años.

 

El Promarnat señala que la infraestructura que podría resultar afectada en los municipios más vulnerables al cambio climático por inundaciones y deslaves abarca servicios de salud, comercios, educación, energía, vías de comunicación y turística.

 

Más de tres mil 500 unidades médicas se verán afectadas (16% del total en el país), así como 25 mil 700 escuelas, que significan 20% de los planteles educativos a nivel nacional, y 17 centrales de abasto (22% del total en la República).

 

De igual modo, el diagnóstico elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que de no tomarse medidas inmediatas para mitigar las emisiones nacionales de gases contaminantes, en 2020 el total de éstas sería 28% mayor a las de 2010, cuando la Ley General de Cambio Climático estipula que para ese año las emisiones deben reducirse 20%.

 

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, la emisión total de México en 2010 fue de 748 millones de toneladas de CO2 aproximadamente, 33.4% mayor que la de 1990. La cifra equivale a 1.4% de la emisión total global de gases contaminantes, lo que colocó a México entre los 15 países con mayor volumen de emisión.

 

De acuerdo con el Promarnat, del total de gases emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más de 67%, siendo el consumo de combustibles fósiles la principal fuente.

 

Entre las acciones que México debe emprender están el impulso a las energías renovables y la reducción de las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), que incluyen al carbono negro u hollín, metano, ozono troposférico y otros contaminantes, mediante la mejora de la eficiencia de los combustibles en los vehículos nuevos, su control en los vehículos usados, así como por el manejo integral de residuos, entre otras.

 

Falló la respuesta internacional

 

Los mecanismos internacionales para contrarrestar los efectos del calentamiento global, como son el protocolo de Kyoto o la implementación de un mercado mundial de bonos de carbono, no han funcionado y la promesa de una nueva acción global a partir de 2015 no presenta muchas esperanzas, dijo Efraín Peña Moreno, abogado para las Américas de la Convención Ramsar.

 

El especialista aseguró que la respuesta que tiene más sentido ante la realidad del cambio climático es la de implementar reglas locales para reducir las emisiones, ya que a nivel internacional el problema siempre va a ser la implementación de los mecanismos.

 

Durante el foro de análisis Instrumentos Regulatorios sobre el Cambio Climático, organizado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), Peña Moreno señaló que las iniciativas voluntarias para reducir la emisión de gases contaminantes han dado muestra de mejores resultados que los convenios obligatorios.

 

Por su parte, Leticia Gómez, académica del colegio de Geografía de la UNAM, señaló que el error fue haber iniciado las iniciativas de lo general a lo particular, ya que lo natural hubiera sido iniciar estrategias como mercados locales de bonos de carbono para pasar a los regionales y después a los internacionales.

 

Asimismo, Adriana Rivera, secretaria técnica de la Comisión de Cambio Climático del Senado, dijo que 2014 será un año fundamental para implementar leyes que instrumenten a la Ley General de Cambio Climático y otras legislaciones con el fin de avanzar en las metas del país para la reducción de gases de efecto invernadero.

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