La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que durante 2012, el personal con derecho al servicio de telefonía celular gastó un millón 594 mil 836 pesos en el país y 773 mil 670 dólares en las 152 representaciones en el extranjero.

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) mencionó en un comunicado que un particular solicitó los datos de esos gastos, así como las facturas que los amparen y la identificación de cada una de ellas con quien ejerció los recursos públicos.

 

En respuesta, la cancillería señaló que carecía de la información al nivel de detalle requerido, pero en cumplimiento al principio de máxima publicidad, indicó el monto gastado por los servidores públicos en el país y en las 152 representaciones de México en el exterior.

 

Además puso a disposición del particular, para consulta in situ, las cuentas por liquidar certificadas, asegurando que éstas contienen las facturas que comprueban el gasto por ese servicio en el país.

 

El recurrente se inconformó porque no se le entregó toda la documentación que comprueba los gastos y porque no atendió la modalidad de entrega especificada, esto es por internet.

 

Después, la cancillería puso a disposición del particular, mediante consulta in situ, las facturas o documentación que comprueban el gasto ejercido en las 152 representaciones de México en el exterior.

 

Precisó que esas facturas están inmersas en los mil 824 reportes mensuales recibidos en 2012, por lo que reiteró su disponibilidad en consulta in situ.

 

Durante el análisis jurídico del caso, el IFAI determinó improcedente el argumento de la secretaría para no ofrecer al particular otras modalidades de acceder a la información.

 

Esto, debido a que las representaciones tienen el deber de enviar reportes mensuales sobre la aplicación del gasto en las diferentes partidas y de los ingresos recibidos por cualquier concepto, así como anexar la documentación comprobatoria.

 

En razón de que el sujeto obligado no notificó el acceso a la información en todas las modalidades disponibles, el pleno del IFAI aprobó modificar la respuesta de la cancillería e instruirle a identificar las facturas que no contengan datos personales.

 

Además deberá identificar las que sí continente datos personales y poner a disposición del recurrente una versión pública de ellas, en el entendido de que lo único que se deberá testar son los números a los que se hicieron o de los que se recibieron llamadas.

 

También instó a la SRE para que en futuras ocasiones se abstenga de poner a disposición de los particulares documentación mediante consulta in situ, a sabiendas de que contiene datos confidenciales.