Las demandas zapatistas sobre el derecho a la autonomía indígena, plasmadas en un proyecto de ley en 1996 y boicoteadas por Ernesto Zedillo (1994-2000), serán discutidas en 2014, a 20 años de la insurrección, según el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
En una entrevista con EFE, Martínez Veloz dijo que aunque en 2001 hubo una serie de reformas constitucionales, conocidas como la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, esta normativa no resolvió “los problemas de fondo de los pueblos indígenas”.
Esas reformas, agregó, no dieron resultado, y ello está a la vista, con alto niveles de pobreza del 50% en todo el país, mientras que en las comunidades indígenas llega hasta el 80%.
Además, los conflictos se han triplicado, sobre todo con la entrega de sus territorios a empresas mineras.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas contra el Estado Mexicano el 1 de enero de 1994 en varios municipios de Chiapas y durante doce días sostuvo choques con el Ejército, aunque posteriormente entró en un proceso de negociaciones en San Andrés Larraínzar (Chiapas) que se estancó a finales de 1996.
El comisionado, que participó activamente desde un principio en el proceso de diálogo con el EZLN, aseguró que 2014 será muy importante en materia de definiciones políticas con el fin de “reconstruir la relación con los zapatistas, debido a los avances en materia internacional en favor de los derechos de los pueblos indígenas”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elevó a rango constitucional los tratados internacionales firmados por el país en ese sentido, entre estos la resolución para armonizar las leyes internas con esos acuerdos.
“Esta situación legal obligará al Estado Mexicano a sentar las bases para una nueva iniciativa que permita retomar los acuerdos de San Andrés para diseñar nuevas políticas públicas que permitan la participación política de todas las comunidades”, explicó Martínez Veloz.
Agregó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido dar el primer paso para superar el estancamiento del diálogo desde hace 18 años con los zapatistas, por lo que la Secretaría de Gobernación presentará una nueva iniciativa de ley.
El comisionado del Gobierno federal afirmó que esta es una ambiciosa iniciativa, “de gran calado”, que se ha preparado desde hace unos seis meses.
“Hemos trabajado tema por tema con un grupo de abogados y expertos, consolidando los temas de los sistemas normativos, la autonomía y libre determinación, tierras y territorios y recursos naturales; tenemos toda la estructura jurídica ya organizada y creemos que alrededor de febrero tendríamos la propuesta consolidada”, indicó.
Reconoció que actualmente no existe contacto alguno con el EZLN, pero confía en este proyecto unilateral para reactivar el diálogo y “reconstruir” hasta “niveles dignos” la confianza de los zapatistas en el gobierno, ya que “el 2014 debe ser el año de las definiciones en las reformas indígenas que reclama el país tendrán que producirse el próximo año”.
Aseguró que este proyecto recupera los Acuerdos de San Andrés “mejorados con las aportaciones como la declaración del 2006 de la ONU sobre derechos indígenas y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se establecen con claridad las definiciones que en 1996 eran tabú, como tierra, territorios, recursos naturales o la consulta indígena”.
Martínez Veloz indicó también que el Gobierno espera recuperar la confianza de los zapatistas con el cumplimiento de los cinco puntos que incluyen la manifestación unilateral del Gobierno de su voluntad política para llegar a acuerdos.
Asimismo, nombrar a un comisionado para el diálogo, liberar a dos indígenas simpatizantes zapatistas que están presos y reponer el procedimiento de la iniciativa de San Andrés.
El comisionado afirmó que algunos de los requisitos para volver al diálogo se han cumplido, entre estos la liberación de los dos indígenas, y que solo falta presentar la iniciativa de ley.
También descartó que el EZLN vuelva a la violencia, pues aunque surgió como un grupo armado que le declaró la guerra el Estado mexicano, en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona los zapatistas ratificaron su decisión de transitar por la vía política.
“Nosotros formulamos desde 1995 la necesidad de impulsar un diálogo nacional en donde ellos serían uno de los actores para impulsar la reforma del Estado”, explicó el comisionado.