Washington. El gobierno de Estados Unidos emitió hoy dos ordenes, que serán ejecutivas pasado un plazo de consulta, con el fin de aclarar varias disposiciones encaminadas a reforzar el control sobre la venta de armas de fuego que habían tropezado con dificultades interpretativas.

 

La primera orden ejecutiva, que parte del Departamento de Justicia, se refiere a los términos relacionados con la salud mental que aparezcan en los antecedentes de los compradores y que pueden inhabilitar a éstos para adquirir armas de fuego.

 

Por ejemplo, el Departamento de Justicia aclara que el término “vinculado a una institución mental” incluye tanto la hospitalización involuntaria del sujeto como los compromisos de consulta externa sin necesidad de hospitalización.

 

La aclaración se produce en respuesta a las quejas de los estados de que la terminología utilizada para prohibir la compra de armas por razones de salud mental es demasiado ambigua.

 

Por otra parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió otra orden con la que pretende hacer frente a los obstáculos legales basados en la protección de la privacidad, que impiden a los estados comunicar cierta información sobre las personas con problemas de salud mental al sistema federal de verificación de antecedentes.

 

“Las dos nuevas acciones ejecutivas de la Administración ayudarán a asegurar que haya una mejor y más fiable información en el sistema de verificación de antecedentes”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

 

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó desde su cuenta oficial de Twitter que el Gobierno está dando pasos para evitar la violencia armada y llamó de nuevo al Congreso a que tome medidas al respecto.

 

El Senado no logró aprobar el pasado abril un proyecto de ley bipartidista sobre la verificación de antecedentes a pesar de la campaña encabezada por el presidente, Barack Obama, y el propio Biden a raíz de la matanza perpetrada en la escuela de primaria Sandy Hook, ocurrida en diciembre de 2012, y en la que fueron asesinados a tiros 20 niños y seis adultos.

 

En ausencia de nueva legislación federal, Obama firmó 23 órdenes ejecutivas apenas un mes después de la masacre para reforzar el control sobre la venta de armas de fuego.

 

Las dos normas propuestas hoy se someterán a los comentarios de los ciudadanos antes de entrar en vigor dentro de 60 días según el procedimiento legal.