Un juez federal concedió un arraigo por 40 días en contra del mexicano y las dos mujeres canadienses detenidas por atacar las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y varios vehículos con las llamadas “bombas molotov” el pasado fin de semana. Se les indaga por daños pero podría incluso acusárseles de terrorismo.
Autoridades federales indicaron que durante la madrugada fueron trasladados los detenidos, identificados como Fallon Poisson Rouiller, Amélie Pelletier, y Carlos López Marín al Centro de Arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR).
La averiguación previa abierta en la PGR luego de que el caso fue enviado por la Procuraduría capitalina es por daños a la propiedad pública agravados pues se considera que los detenidos, junto con otras personas que no han sido ubicadas, actuaron de forma organizada para perpetrar el ataque.
Pero fuentes consultadas indicaron que el Ministerio Público federal también analizará si hay elementos en contra de las personas aseguradas para tipificarles el delito de terrorismo, previsto en el artículo 139 del código Penal Federal, y que alcanza una pena de 6 a 40 años de prisión.
El referido artículo contempla en su párrafo primero, que se considera “terrorismo” al uso de varios objetos, entre los que hay “explosivos” o incendiarios, para realizar actos en contra de personas, cosas o servicios públicos.
En este caso en específico, los ataques fueron realizados con “bombas molotov” que son un tipo de artefacto explosivo o incendiario casero, y entre las instalaciones dañadas hay una dependencia pública del nivel federal.
Hasta ahora, las personas detenidas se han abstenido de rendir declaración apegándose al derecho que tienen de hacerlo.
En portales anarquistas se ha reivindicado la autoría de este ataque así como la simpatiza de los detenidos con estos movimientos.
Autoridades federales confirmaron también que las dos mujeres canadienses serán deportadas a su país cuando sean liberadas, ya sea por falta de elementos o después de concluir el proceso penal correspondiente y la posible sentencia.