1.
ICA Y LAS PRESIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CANAL DE PANAMÁ
El Grupo Unidos por el Canal de Panamá, que encabeza la empresa española Sacyr, enfrenta un verdadero parte aguas sobre uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la región. En principio se estima que será el próximo 20 de enero cuando en Panamá se decida si se aprueba o no el incremento solicitado por la empresa ibérica para continuar con esta obra.
El problema es que hace más de tres años la constructora española y sus socios: la italiana Impregilo, Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, licitaron la obra en sólo tres mil 118 millones de dólares, mientras que otros consorcios, incluyendo en el que participó ICA, que dirige Alonso Quintana, valuaron la obra en más de cinco mil millones de dólares.
Ahora resulta -tres años después– que el monto estimado no será suficiente para concluir en tiempo y forma la obra, cuyos retrasos ya cimbran la operación de otros puertos de Estados Unidos que daban por un hecho el inicio de operaciones de la nueva etapa del Canal de Panamá. Después, ICA junto con sus socios logró un contrato para la construcción de tres kilómetros del Canal de Acceso de las nuevas esclusas.
En 2010, el contrato de obra pública se estimó en un ingreso para ICA de aproximadamente 115 millones de dólares y se estimó que la constructora mexicana terminaría en un plazo de 42 meses. Para este proyecto, ICA participa con las firmas Fomento de Construcciones y Contratas y Constructora Meco.
La noticia es que no sólo Sacyr sufre desfases en este proyecto de logística continental. En noviembre pasado las autoridades del Canal de Panamá informaron que la ejecución de la obra en la que participa ICA no cumplió con el compromiso de entrega marcado originalmente para el 18 de agosto de 2013.
Hasta noviembre pasado, de acuerdo con las autoridades panameñas, las obras en las que participa ICA tenían un avance de 68%. Sin embargo, a diferencia del consorcio que encabeza Sacyr, el grupo de empresas de ICA cuenta con suficiente material para continuar con la obra. Sin embargo, la obra no ha estado libre de desacuerdos.
Desde julio del año pasado, una serie de revisiones y ajustes envuelven la relación entre ICA y sus contratistas en Panamá. La razón del estricto seguimiento que se da a este proyecto es que las autoridades panameñas se encuentran bajo una creciente presión luego de que publicó un extenso reporte sobre el proceso de adjudicación de las obras que concluyó con la advertencia de que si los contratistas no cumplían, entonces se ejercerían las garantías.
Los próximos días serán cruciales para Sacyr, pero también para el gigantesco proyecto de la constructora mexicana.
2.
BUSCAN QUE IMSS E ISSSTE INCLUYAN MEDICAMENTOS ANTIOBESIDAD
En medio de la autorización de nuevos medicamentos para el tratamiento de padecimientos hepáticos y el énfasis que el gobierno federal puso con los impuestos a refrescos y alimentos con alto contenido calórico, el sector médico confía en que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige José Antonio González Anaya, así como las del ISSSTE, que encabeza Sebastián Lerdo de Tejada, autoricen claves para los medicamentos dirigidos al tratamiento de la obesidad.
Hasta ahora y, a pesar de la epidemia de enfermedades crónicas como la diabetes, los medicamentos para el tratamiento de problemas de obesidad no están considerados en el cuadro básico de fármacos que reciben los derechohabientes. Un problema que junto con la falta de especialización por parte de los médicos de estos institutos en el manejo de heridas como el pie diabético, constituyen un terreno en donde las políticas públicas podrían mejorarse.
Así, médicos y académicos como los que participan en la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad A.C. (AMEO), cuentan ya con propuestas concretas sobre los planes y acciones en materia de medicamentos que en el sector salud deberían adoptarse como políticas públicas para combatir el sobrepeso entre la población mexicana, especialmente entre los niños y que colocan a la economía mexicana frente a un conflicto de productividad pues su futuro y bono demográfico se encuentra comprometido.
La titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, considera a la prevención y tratamientos contra la obesidad una de las prioridades de su gestión. Será entre el 5 y 8 de febrero cuando la AMEO celebre su octavo congreso en el que se darán a conocer los avances en materia del síndrome metabólico, así como las propuestas en este sector.
3.
ENTRAN & SALEN
La consultora y prestadora de servicios jurídicos Baker & McKenzie México anunció la incorporación de cuatro abogadas para fortalecer su práctica laboral. Se trata de Javiera Medina, Tania Ávila, Liliana Hernández y Alma Ramírez, quienes se integran al servicio laboral y de seguridad social de la firma que lleva el socio administrador nacional, Andrés Ochoa-Bünsow.
En Quintana Roo, la ex regidora Irazú Sarabia May se convirtió en la nueva titular de la empresa alimentaria de participación Estatal mayoritaria, Diconsa, para la entidad que gobierna Roberto Borge Angulo.
En el despacho jurídico Solcargo (Solórzano-Carbajal-González-Pérez Correa), el asociado Fernando Eraña Arce se convirtió en nuevo socio de la firma donde participa quien fuera el interventor del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Fernando Pérez Correa.
La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) designó como su nuevo vicepresidente para Asia y Pacífico a Conrad Clifford, quien asumirá la posición a partir del primer día de febrero próximo.
Para comandar la región Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la dirigente del grupo de afiliación tricolor, la senadora Cristina Díaz Salazar, eligió al diputado federal Héctor García García como su nuevo dirigente.
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BOTÓN INFORMATIVO
30-40%
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en su ciclo 2013-14, estima la Amecafé