Pese a que el país registra cada año un promedio 4.8 desastres naturales de gran magnitud, como los causados por Ingrid y Manuel en septiembre pasado, actualmente carece de una legislación que establezca la necesaria coordinación de los tres niveles de gobierno frente a una emergencia.

 

Así lo reconoce la Secretaría de Gobernación (Segob) en el borrador del Reglamento de la Ley General de Protección Civil publicada hace 19 meses, actualmente en revisión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

 

La justificación de este documento, señala que en la última década el país experimentó 48 desastres graves, que cobraron la vida de 286 personas.

 

También resalta que por cada dos pesos invertidos en prevención, se destinaron 104 pesos para la reconstrucción de las regiones afectadas. En total, desde 2004 el gobierno federal destinó mil 662 millones de pesos al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, mientras que el presupuesto del Fondo de Desastres Naturales ascendió a 86 mil 735 millones de pesos.

 

“Esto establece una proporción de uno a 52. Con el nuevo reglamento esta proporción podría ajustarse en breve término (10 años) hasta alcanzar la proporción de uno a 15 y en otros 10 años más de uno a 7”, señala el documento.

 

De igual manera, el reglamento  pretende establecer disposiciones  para atender emergencias ocasionadas por sismos, tsunamis, fugas radiológicas o nucleares, actividad volcánica, pandemia y cualquier otro fenómeno natural, así como definir las situaciones de emergencia y desastre que requieren una intervención por parte de las autoridades.

 

Previo a este documento, la legislación no establecía ninguna regulación de la esfera administrativa de los tres niveles de gobierno, lo cual quedó demostrado durante la emergencia por las inundaciones de septiembre pasado en la mitad del territorio nacional, a causa de los fenómenos Ingrid y Manuel.

 

Desde el 11 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió las alertas por la presencia de los dos fenómenos meteorológicos que traerían fuertes lluvias en todo el país. Sin embargo, los gobiernos estatales y municipales ignoraron las advertencias y comenzaron a evacuar las comunidades hasta que el agua había inundado casas y calles.

 

El puente de las fiestas patrias también retrasó la respuesta de la autoridad. Fue hasta el 16 de septiembre, cinco días después de las alertas, que la Presidencia de la República emitió la orden de trasladar a los funcionarios de primer nivel a los estados más afectados y trabajar coordinadamente con los gobiernos estatales y municipales.

 

Posterior a la emergencia, la Comisión de Protección Civil del Senado acordó modificaciones a la ley para establecer con claridad las atribuciones de cada nivel de gobierno ante contingencias como las ocurridas principalmente en Guerrero; Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Puebla; Sinaloa, Durango y otras entidades.

 

“En caso de no emitirse la regulación que se propone, se privaría al Estado y a la población de contar con herramientas que permitan atender situaciones de emergencia por fenómenos naturales”, señala la propuesta elaborada por el gobierno federal.

 

DATOS

 

2 pesos se gastaron en tareas de prevención y 104 pesos a la reconstrucción tras los desastres naturales en la última década

1 mil 662 mdp destinó el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales; 86 mil 735 mdp ejerció el Fondo de Desastres Naturales