El gobierno de Estados Unidos regresó el año pasado a 332 mil 614 mexicanos, a través de los nueve puntos de repatriación ubicados en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
El organismo destacó que en colaboración con autoridades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad, a esas personas se les brindó atención, asistencia legal, alojamiento, alimentación, auxilio médico y apoyo de transporte para garantizar su retorno al país de manera segura, humana y ordenada.
Del total de connacionales repatriados, 16 mil 853 son menores de edad, de los cuales dos mil 834 se encontraban con algún familiar o tutor, mientras que los restantes 14 mil 19 fueron recibidos por el INM en calidad de no acompañados, indicó.
Mencionó que de la suma total de niños y adolescentes repatriados, 14 mil 530 son mujeres y dos mil 323 varones, a quienes los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) brindaron asistencia inmediata en salud, alimento, vestido y alojamiento, privilegiando en todo momento el principio del interés superior del migrante.
La cifra de menores de edad ha registrado una tendencia a la baja en los últimos años, pues en 2008 se contabilizaron 34 mil 83 casos; en 2012 fueron 17 mil 129 y el año pasado, 16 mil 853, número que representa menos de la mitad hace un lustro, refirió.
Uno de los mecanismos del instituto para garantizar el retorno de compatriotas de manera segura es el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), a través del cual se benefició a seis mil 326 mexicanos de julio a diciembre de 2013.
El PRIM es un procedimiento a través del cual los mexicanos repatriados cuentan con mejores condiciones de retorno a sus estados o comunidades de origen, además de que se garantiza su seguridad y se evita que sean víctimas del crimen organizado en los estados de la frontera norte, sostuvo.
El Instituto Nacional de Migración puntualizó que con este procedimiento, los connacionales reciben transporte, información sobre programas y apoyos del gobierno de la República para reincorporarse a la vida económica y social en sus lugares de origen o residencia.