El presidente Enrique Peña Nieto instaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde reiteró su compromiso con los afectados por delitos de alto impacto, como secuestros, homicidios y desapariciones forzadas.
La comisión arrancará con un presupuesto de 470 millones de pesos y tomará los insumos materiales y humanos de la ex Procuraduría Social de Atención a Víctimas, creada en el sexenio de Felipe Calderón tras las protestas del Movimiento por La Paz, Justicia y Dignidad del Javier Sicilia.
De acuerdo con la presidenta de la comisión María Olga Noriega, “la Ley coloca a la víctima en el centro del interés y esfuerzo del Estado para atenderla de forma completa, esto es, brindándole ayuda inmediata, así como asistencia y protección para lograr la reparación integral del daño o menoscabo”.
El gobierno federal, consideró Enrique Peña Nieto, “tiene un compromiso indeclinable con las víctimas del delito y con quienes han padecido, lamentablemente, violaciones a sus derechos humanos”.
La Ley de víctimas y la comisión encargada de aplicarla tienen cuatro objetivos primordiales: “recibir asistencia, atención y protección del Estado, salvaguardando su integridad física y psicológica, tener acceso a la reparación integral del daño que padecieron, conocer la verdad sobre el delito que sufrieron y ser informados con precisión del proceso penal contra sus agresores”.
El presidente prometió crear el Registro Nacional de Víctimas para contar con datos actualizados de cuántos mexicanos han sido afectados por delitos de alto impacto.
“Exhorto respetuosamente a la Comisión Ejecutiva a realizar una amplia consulta ciudadana para elaborar el Programa Integral de Atención a Víctimas, retomando las mejores propuestas e ideas de especialistas y actores de la sociedad civil”, dijo el mandatario.