La intervención del gobierno federal en Michoacán es una acción que tardó en ejecutarse y solamente benefició al crimen organizado, porque éste tuvo tiempo para replegarse y evitar una confrontación directa. Los Templarios y la Familia Michoacana ya han resistido con anterioridad embates y ocupaciones territoriales del gobierno. Es cierto que estas acciones les han causado bajas y pérdidas económicas pero no han debilitado la estructura criminal de los cárteles. Por esto, y para no cometer los errores del pasado, el gobierno federal debe actuar de manera distinta si espera tener un resultado positivo y para ello, debe atacar dos frentes; el económico y social.

 

La diversificación y expansión en el sistema económico de los Templarios y la Familia Michoacana han hecho que tengan injerencia y control de una parte de la planta productiva en el estado. Esto ha sido posible por su participación en la otorgación de créditos personales y a empresas desde el año 2002. Basta recordar a un familiar del ex Presidente Calderón, dedicado a la compra y venta de dólares,  que fue “retenido” por no pagar una deuda. Ante la falta de crédito en el sector agropecuario, se estima que por lo menos una tercera parte de la producción sea con un financiamiento informal, cuyo origen es un cártel de la droga.

 

El fin de semana el Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo sobre cómo los Templarios han tratado de influir en el mercado de los metales e inclusive se sospecha que están detrás del asesinato de un ejecutivo de la empresa Mittal, que opera en Lázaro Cárdenas. Así vemos cómo el tamaño de la empresa no es lo que importa, sino la línea de negocio y el flujo económico esperado para los criminales. Por eso, el tomar las calles y plazas por sí solo no llevará a desmantelar a estas organizaciones y a terminar con la ilegalidad e impunidad en Michoacán. Es necesario que atrás de las fuerzas federales esté un grupo de auditores y abogados que puedan retomar los activos económicos y la planta productiva de la entidad.

 

En el frente social, éste sólo podrá recomponerse si hay justicia y no venganzas, para ello es importante iniciar procedimientos contra los funcionarios estatales y municipales que han apoyado a los Templarios y a la Familia Michoacana. Si hay una cacería de brujas sin fundamento, habrá una ola de ajusticiamientos y si no se toman acciones se volverá a recrear el escenario para que las llamadas autodefensas vuelvan a tomar las armas.

 

El llevar a cabo esto requiere de un responsable y el gobierno federal debería de nombrar a un comisionado o coordinador en Michoacán con mando, para que supervise y ejecute las acciones del Estado y coordine la comunicación con el gobierno estatal, y que ésta sea su tarea de día a día. Este fue un elemento que también estuvo ausente en el pasado y por esa razón el costo político y el ejecutómetro se lo adjudicaron a Felipe Calderón, esta es una lección que Miguel Ángel Osorio Chong debe tener presente, para que las bajas de los enfrentamientos que vienen no lo ronden en el futuro.