La reforma político-electoral, aprobada por las cámaras de diputados y senadores, representa un duro golpe para los procesos democráticos en los estados al restarle autonomía a sus  institutos  de elecciones, consideró Leticia Catalina Soto, consejera presidenta del estado de Zacatecas y líder del bloque que han formado los órganos electorales estatales.

 

La funcionaria, quien lidera el bloque de institutos locales, explicó que la decisión del Poder Legislativo de dejar en manos del nuevo Instituto Nacional de Elecciones la designación de consejeros locales, y al Senado la de magistrados, demuestra que a nivel federal se tiene la percepción de que los diputados locales no tienen la capacidad para realizar esas tareas.

 

En la reforma, hecha por el Pacto por México y el Poder Legislativo, “se ha considerado que en las legislaturas de los estados no tienen la mayoría de edad necesaria para desarrollar un proceso de designación de consejeros, si no lo tiene para eso, tampoco lo tiene para designar magistrados de tribunales de justicia, comisionados de derechos humanos o ratificar al procurador de justicia de los estados”.

 

Zonas de riesgo

 

A su parecer, si en las leyes secundarias que tendrán que fijar las nuevas reglas del sistema electoral “no cuidan” las atribuciones que tendrá el Instituto Nacional de Elecciones para organizar comicios en los estados, “podría haber un debilitamiento de los órganos de las entidades”.

 

La zona de riesgo sería cuando a través de un “golpeteo político”  o acuerdos partidistas desde las cúpulas de poder de la capital mexicana, se determine en qué estados organizará elecciones el INE y en cuáles los institutos locales.

 

Los órganos de provincia sólo se fortalecen porque “se les asignan funciones como la de construcción de ciudadanía, todos los programas de cultura democrática estarán a su cargo, eso me parece que le da un fortalecimiento”.

 

Una reforma de claroscuros

 

 

La minuta turnada a los Congresos locales, que ya fue aprobada por 11, contiene temas que afectan directamente a los estados y otros que los benefician, por lo cual, la consejera zacatecana la calificó como una reforma de “claroscuros”.

 

Los cambios electorales dejan “muchísimas facultades discrecionales para el INE para el tema de las organizaciones locales, ese asunto es delicado”, por lo cual en las leyes secundarias los diputados federales tendrán que corregir la plana, aseguró.

 

El nuevo modelo electoral, auguró, “estaría centralizando los procesos electorales del país, nos lleva a un escenario, en el cual, se elevarían los costos de la organización de comicios, “implica que el andamiaje jurídico esté claro y es un gran reto, en relación a que sea redactado por quienes conocen de elecciones”.

 

Entre los aciertos, consideró, está la creación de una nueva Ley General de Partidos, con lo cual, se quitará del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la regulación de las fuerzas políticas del país se concentrará en un solo documento.

 

A su parecer, y contrario a la posición de los consejeros del IFE, funcionará el nuevo modelo de fiscalización de partidos, el cual estará a cargo del Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones, “porque se prevé que la fiscalización se realice dentro del propio desarrollo de las campañas, lo cual, es necesario para transparentar los recursos gastados”.

 

Costosa factura

 

 

Leticia Soto reconoció que la reforma electoral  pasa una costosa factura económica a las entidades al tener que presupuestar recursos para la liquidación de 224 consejeros y más de 120 magistrados en las 32 entidades de la República.

 

Los consejeros de las entidades del país han sostenido reuniones periódicas para planear las acciones que emprenderán tras la promulgación de la reforma, que de no tener modificaciones en las leyes secundarias, los dejará sin trabajo.