WASHINGTON. El canciller de Estados Unidos, John Kerry, se mostró hoy “preocupado” por la situación de violencia en el estado mexicano de Michoacán y aseguró que su país está dispuesto a ayudar al Gobierno mexicano si es necesario.
“Estamos preocupados, no asustados, pero sí preocupados; y trabajaremos con el Gobierno de México y estamos preparados para intentar ser de ayuda si podemos”, dijo Kerry a periodistas antes de reunirse con su par mexicano, José Antonio Meade, en el Departamento de Estado.
Los choques entre grupos de autodefensa y carteles del narcotráfico generaron recientemente una ola de violencia en Michoacán (suroeste de México) que ha provocado la intervención del Gobierno federal para recuperar el control de varios municipios en la conflictiva región de Tierra Caliente en ese estado.
Kerry se pronunció hoy por primera vez sobre el asunto, si bien una alta funcionaria del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, ya aseguró el miércoles que Estados Unidos considera “extremadamente preocupante” la situación en ese estado.
La funcionaria precisó que, por el momento, el Departamento de Estado no ha recibido “ninguna solicitud” de asistencia en el conflicto de parte del Gobierno mexicano y aseguró que no “necesariamente” esperan que llegue una petición de ese tipo.
“El Gobierno de México sabe que siempre estamos preparados para proporcionar asistencia, pero no hemos sido tradicionalmente un apoyo en respuesta a crisis, una suerte de ‘bomberos’, sino más bien un respaldo en el área institucional a más largo plazo”, explicó.
CASO EDGAR TAMAYO PENDE DE UN HILO
Se espera que Kerry y Meade, que esta mañana mantuvieron otro encuentro a tres bandas con el ministro de Exteriores canadiense John Baird, conversen en su cita bilateral sobre Michoacán y también acerca del caso del reo mexicano Edgar Tamayo, condenado a muerte en Texas (EU) y cuya ejecución está prevista para el miércoles 22 de enero.
La citada funcionaria del Departamento de Estado afirmó el miércoles que el Gobierno de EU seguirá intentando asegurar que se implemente la decisión de la CIJ, “pero esas decisiones están en último término en manos del estado”.