De entrada, la sospecha, el estigma, el testimonio de la mujer víctima de violencia sexual es sujeto a modificación, puesto en duda. El aparato judicial hace uso de cualquier ínfima suspicacia y/o prejuicio sobre la víctima para hacer inaprensible su denuncia, convertir ante la opinión pública a la violentada en condenada.
Justo ha sido este revés el de pasar de víctima a culpable el que ha vivido la joven mexicana de 20 años Yakiri Rubio Aupart. La noche del lunes 9 de diciembre de 2013 Yakiri se dirigía a ver a su novia pero en el trayecto fue secuestrada por dos extraños. Sus atacantes la trasladaron a un hotel cercano a la Colonia Doctores en la Ciudad de México donde uno de los agresores, Miguel Ángel Ramírez Anaya abusó sexualmente de ella. Cuando Miguel Ramírez estaba a punto de matarla con un cuchillo, ella forcejeó tratando de salvarse lo que provocó que el arma se clavara en el cuello del agresor causándole heridas que le provocarían la muerte en su domicilio horas después.
Al huir del hotel Yakiri pidió ayuda a la policía que fue a buscar a los atacantes y la encauzó a la agencia 50 del Ministerio Público. Intentó denunciar la violación pero Luis Omar Anaya el hermano del agresor, ahora occiso, había llegado antes que ella y acusó a la joven de haber asesinado a Miguel Ángel lo que devino en que la arrestaran y consignaran inmediatamente.
El supuesto homicidio calificado del que se acusa a Yakiri eclipsó por completo a la violación sexual de la que fue víctima y a su acción en legítima defensa. El testimonio del hermano del agresor resultó ser más importante y contundente que el de la víctima, lo que generó que la violación sexual quedara relativizada. La violencia contra Yakiri que devino en su defensa legítima se ocultó tras la sola referencia al homicidio, borrando la atrocidad de la violación.
A todas luces el proceso judicial ha tenido muchas inconsistencias, a través de la fabricación de pruebas inverosímiles sobre la denunciante que tan sólo evidencian la falta de rigurosidad y uso de discursos manipuladores y estereotipados por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al calificar de crimen pasional el caso vinculando de inmediato y sin pruebas fehacientes a Yakiri con sus agresores.
Las primeras pruebas de esa supuesta relación, unas cartas de amor supuestamente escritas por el occiso, ya fueron desechadas como señaló Ana Katiria Suárez Castro, abogada de la joven. Sin embargo la PGJDF falta por comprobar la autenticidad de las supuestas llamadas entre el occiso Miguel Ángel y la víctima como evidencia de su supuesta relación.
En suma es muy clara la intención de las autoridades de querer influenciar en la opinión púbica en contra de la víctima no sólo al mostrar una posible relación entre Yakiri y el agresor, sugiriendo que esa posible vinculación justificaba la violencia contra la joven, culpabilizando a la víctima, sino también al “desparecer” las pruebas fotográficas del ataque donde se observan las heridas de la joven como denunció el padre de Yakiri, José Luis Rubio, lo que convierte a las autoridades en cómplices de este crimen.
A la que fuera víctima las autoridades la envilecen y le arrebatan su dignidad, revictimizando a las mujeres que buscan justicia. Pese a que oficialmente y dentro del discurso gubernamental existe un apoyo a las mujeres, al menos en el Distrito Federal donde se cometió la violación contra Yakiri, se continúa trivializando este tipo de crímenes, considerándose un tipo de violencia relativamente tolerada.
Pareciese que la violencia sexual fuera muy condenada en el discurso pero poco perseguida, el discurso oficial se contradice con la realidad de los hechos. Se fabrican escenarios en que se justifica la agresión contra las mujeres como si tener una vinculación sentimental con el agresor en el caso de que fuera de ese modo avalará la agresión cuando en realidad debería de agudizar la sentencia contra el perpetrador pues se supone habría una relación de confianza que hace aún más deplorable la agresión.
No me extraña que muchas mujeres no denuncien este tipo de casos al ver los magros resultados que dan estas instituciones, las mujeres pierden la confianza en las autoridades, al quedar en la impunidad este tipo de atropellos y quedar exhibidas públicamente.
A un mes de que el juzgado 68 con sede en Santa Martha Acatitla dictó auto de formal prisión y se trasladara al Centro Penitenciario Tepepan a Yakiri varias organizaciones de mujeres, feministas, de izquierda, progresistas, demandaron la inmediata excarcelación de Yakiri, en la sede principal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, confirmando que al aislamiento social y al silencio al que quieren encerrar a las mujeres, las mismas autoridades y el sistema patriarcal, no será por más tiempo posible pues la voz de justa denuncia contra la violencia hacia las mujeres no se acallará.
La indolencia de los jueces, la impunidad, la tolerancia a la brutalidad sexual, la naturalización de las agresiones lamentablemente es coherente con el conjunto de un universo de violencia que se vive actualmente en México y que debe parar.
