El nombramiento del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo, es un paso en la dirección correcta, pero si queremos que esto llegue a buen puerto, es necesario que, tanto él como los actores, tenga en mente que su labor no es política, sino estructural para que pueda resolver los problemas de fondo. Esto se dice fácil, pero aislar al comisionado de la dinámica política local debe ser uno de los principales objetivos en una primera etapa, ya que fue esta misma clase política la que llevó a que se perdieran las garantías y condiciones de seguridad de los ciudadanos. Este distanciamiento permite romper el círculo de complicidad y corrupción entre policías, agentes judiciales y burócratas estatales con el crimen organizado. Esta es la única manera para garantizar que la incorporación de nuevos elementos se haga con un método de total transparencia.
Otra variable que debe considerar el comisionado es la reestructuración de procesos y procedimientos de las policías, así como de la Procuraduría estatal. Hoy en día, ambas corporaciones son bastante laxas y si aplicaran la normatividad estatal vigente al pie de la letra, los resultados serían desastrosos. Esta reingeniería debe ser la base para que se puedan automatizar procesos y se mejoren las labores de seguridad, inteligencia así como la integración de expedientes.
Un área de corrupción en las fuerzas de seguridad, son las faltas procesales que permiten a los delincuentes llegar a “arreglos” con la autoridad, así como la lenta respuesta de las autoridades a las denuncias. Esto se puede eliminar mediante la incorporación de sistemas y automatización de procesos, que permitan establecer indicadores y responsables por cada una de las tareas. Hoy en día no hay una homogeneidad en el tiempo de respuesta del 066 ni el 089 en el estado de Michoacán, inclusive de acuerdo con sus propias cifras 80% de las llamadas son bromas o no son atendidas. Esto es el reflejo de lo que la ciudadanía piensa de los servicios de emergencia.
Para tener un monitoreo constante de las patrullas muchas corporaciones de policía recurren a cámaras en los tableros para coadyuvar con patrullajes, registrar información y verificar que en caso de una detención los servidores públicos actúen de acuerdo con el protocolo. Hace cinco años estos sistemas tenían un costo muy alto, pero los desarrollos tecnológicos y los resguardos en “la nube” hacen que estas soluciones tengan precios de 400 dólares por patrulla. Esta es una inversión vital para que se cuente con las herramientas de monitoreo y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Igual de importante es replicar el modelo de juicios orales, así como las inversiones en los laboratorios forenses y de análisis técnico que debe tener una procuraduría para presentar pruebas contundentes en un juicio. Esto debe de ir acompañado de una carrera de servicio civil en donde a los servidores públicos que cumplan cinco años puedan tener acceso a un crédito hipotecario para crear incentivos de arraigo.
El último elemento, y tal vez el más importante, es el tema de la prevención del delito y el tratamiento a las adicciones. En Michoacán, abunda la heroína y el cristal entre los jóvenes. Los ídolos y modelos ejemplares a seguir son los criminales que obtienen respeto por la portación de armas y la cantidad de dinero que gastan. Por eso es vital cambiar la perspectiva a los jóvenes y demostrarles que si hay otros caminos para su desarrollo.
El llevar a cabo estas tareas requiere de apoyos económicos, pero lo más importante es no sujetar las labores del Comisionado a un cronograma presupuestal o tiempos políticos. Si el objetivo es realizar un proyecto integral, este debe estar sujeto a la transparencia y a la tolerancia. Este es un trabajo de largo plazo, que requiere supervisión de los detalles y cantar una victoria anticipada es el peor error que se puede cometer.