PEKÍN. El Gobierno chino consideró hoy “poco convincente” el informe de un grupo de periodistas internacionales según el cual familiares de algunos de los más altos líderes chinos y prominentes empresarios cuentan con activos en paraísos fiscales del Caribe.
Los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que publican hoy varios medios internacionales, revelan que al menos trece familiares de los principales líderes, entre ellos un cuñado del presidente Xi Jinping o el hijo del ex primer ministro Wen Jiabao, hacen uso de estos paraísos fiscales.
A ellos se suman quince grandes empresarios y compañías estatales chinas.
Los datos se dan a conocer cuando el Gobierno chino se halla inmerso en una campaña contra la corrupción ordenada por Xi.
Según el informe del ICIJ, obtenido de filtraciones de dos compañías de servicios financieros en las islas Vírgenes británicas, más de 22 mil clientes de China y Hong Kong han utilizado estos paraísos fiscales.
Asimismo, revela el papel de grandes bancos y empresas financieras occidentales como mediadores en el establecimiento de empresas en estos paraísos.
En sí, el contar con cuentas en paraísos fiscales no es una práctica ilegal.
Pero sí suscita interrogantes sobre la riqueza acumulada por la elite china en el poder.
“Familiares cercanos de los principales líderes chinos han mantenido empresas secretas en paraísos fiscales que han ayudado a ocultar la riqueza de la elite comunista”, afirman los periodistas del ICIJ.
En la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores chino, el portavoz Qin Gang restó importancia al informe.
“Desde el punto de vista del lector, la lógica de ese artículo no es convincente. Eso hace que se susciten dudas acerca de si tiene motivos ulteriores”, declaró el portavoz.
Preguntado si China actuaría sobre las alegaciones del informe, el portavoz respondió con un ambiguo “el inocente es inocente y las malas prácticas no pueden ocultarse”.
Las autoridades chinas no tienen obligación de dar a conocer sus activos, y en los últimos tiempos han endurecido su oposición a los movimientos ciudadanos que intentan presionar por una mayor transparencia de los dirigentes en un país de profundas desigualdades sociales.
De hecho, los datos del ICIJ se dan a conocer el mismo día que se celebra en Pekín el juicio contra el prominente activista Xu Zhiyong, fundador del movimiento “Nuevo Ciudadano” que reclama el respeto a la Constitución china y más controles sobre los líderes del país.
Xu fue detenido en julio del año pasado y está acusado de alterar el orden público, un cargo que le puede valer cinco años de prisión y sobre el que existen pocas dudas de que será declarado culpable.
Entre los familiares de dirigentes que aparecen citados en el informe del ICIJ se encuentra el cuñado del presidente Xi, Deng Jiahui, quien posee la mitad de una compañía inmobiliaria radicada en las islas Vírgenes.
Además se menciona a Wen Yunsong, hijo de Wen Jiabao, y a su yerno, Liu Chunhang. El ex primer ministro ya se encontraba bajo escrutinio después de que en 2012 el diario “The New York Times” publicara que su familia había amasado bienes por valor de dos mil 700 millones de dólares durante su etapa en el poder (2003-2013).
Otros familiares de dirigentes con cuentas en paraísos fiscales son la hija del ex primer ministro Li Peng, Li Xiaolin, alta ejecutiva en una empresa estatal de electricidad, o el yerno del que fue líder chino Deng Xiaoping, Wu Jianchang.
El informe menciona igualmente a varios de los más destacados empresarios chinos, incluida la mujer más rica del país, Yang Huiyan, promotora inmobiliaria, o el fundador del gigante tecnológico Tencent, Pony Ma.
Muchas empresas chinas han recurrido a subsidiarias en paraísos fiscales para evitar impuestos y las restricciones a los flujos de capital existentes en la República Popular -está prohibido que una persona saque del país más de 50 mil dólares al año- y para poder vender productos a bajo coste.
EL ICIJ, que publicará mañana jueves la lista completa de nombres, no ha divulgado datos financieros de las cuentas y subraya que no insinúa que haya habido “violaciones de la ley o conductas impropias”.