Democracias autoritarias, impunidad, amenazas a la libertad de expresión, abusos al derecho a la privacidad e inseguridad a causa del narcotráfico, son algunas de las más sonadas violaciones de derechos humanos que la 24 edición del Informe Mundial 2014 de Human Right Watch (HRW), dio a conocer el pasado 22 de enero.
Concentradas en 667 páginas, la lista de atropellos resulta interminable, desde las más recientes estrategias de control mediante el ciberespionaje hasta las más arcaicas creencias que justifican la violencia contra las mujeres, por considerarlas brujas, practicantes de hechicería y magia negra.
Si bien es cierto que la moderna caza de brujas se ha extendido alrededor del mundo, principalmente en países africanos, y en otras naciones como India, Malasia y Haití, pasando por algunos casos aislados en Europa, HRW ha documentado y denunciado que los asesinatos relacionados con brujería se han disparado en Papúa Nueva Guinea, país de Oceanía, eminentemente rural donde se hablan alrededor de 840 idiomas distintos.
La creencia en la existencia de la magia negra en aquél país con la consiguiente violencia, tortura y asesinato de aquellas personas, principalmente mujeres, que supuestamente la practican, ha ido en escalada desde la década de los 80 del siglo XX, alimentada por la ignorancia, machismo, expectativas económicas no cumplidas para la mayoría, ante el auge de la minería, y costumbres ancestrales.
Enfermedades, accidentes o muertes tempranas son atribuidas a la magia negra, sobre todo cuando la mala fortuna cae sobre un hombre. “Cuando la gente muere, especialmente los hombres, las personas comienzan a preguntar ‘¿Quién está detrás de esto?’, No ‘¿Qué hay detrás de esto?’”, señala el Doctor. Philip Gibbs, antiguo residente de Papúa Nueva Guinea, antropólogo, especialista en brujería y sacerdote católico.
Inmediatamente toda la furia se vuelca sobre las mujeres, especialmente en aquellas que trasgreden las normas sociales impuestas, son madres solteras, viven en la marginalidad y carecen de pares masculinos que las respalden. En este caso la figura de la bruja va más allá de lo siniestro femenino y el retorno de lo reprimido sino que se convierte en depositaria de todas las frustraciones sociales, ira masculina y encarnación viva del Otro, lo marginal.
Pese a la falta de denuncias y que una mínima fracción de estos acontecimientos son reportados, organismos como Naciones Unidas y HRW han mostrado que las atrocidades cometidas contra las mujeres consideradas brujas se han extendido abominablemente.
Una mezcla de tradición basada en la creencia en la magia negra junto con una población patriarcal empobrecida que ve amenazada su status quo por las mujeres que están abriéndose paso en una nación que sigue estando a espera de ser descubierta geográfica y culturalmente, ha sido un caldo de cultivo para las mayores atrocidades contra las mujeres.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Angela (el nombre ha sido cambiado) cuya fotografía ilustra este texto. Madre soltera con un hijo fue acusada por la multitud de practicar la brujería. Sin un esposo y familia que la protegiera, viviendo en una sociedad que estigmatiza a aquellas mujeres que salen de la norma de lo que es una familia, se convirtió en víctima fácil para la saña de los pobladores.
El interrogatorio del que fue sujeta por sus vecinos en 2013 por su supuesta implicación en la brujería se ampara en una ley de 1971 conocida como “Ley de Brujería” la cual permite a los asesinos de hechicer@s la posibilidad de defenderse legalmente y poner en prisión a aquellas personas que practiquen la brujería. De esta manera la ley legitima las acciones en contra de los supuestos hechiceros.
Angela sobrevivió al ataque, sin embargo la mayor parte de las mujeres no sobreviven a la tortura, mutilaciones, y toda clase de abusos. En febrero de 2013 Kepari Leniata, madre de 20 años fue acusada de matar a un niño. En respuesta, los pobladores de la localidad de Mount Hagen la quemaron viva.
Cientos de casos como este han asolado a Papúa Nueva Guinea. En años recientes las llamadas brujas han sido acusadas de causar las muertes por SIDA. Según cifras de Oxfam entre abril de 2000 y junio de 2005, 92 personas fueron severamente heridas al acusárseles de practicar la brujería.
Contando con importantes reservas de petróleo, gas y oro que recientemente han empezado a ser explotadas por compañías extranjeras tales como la firma canadiense Barrick Gold, que se ha visto inmersa en polémicas al ser acusada de que personal de la empresa ha cometido actos de violencia sexual contra las pobladoras, Papúa Nueva Guinea ha visto crecer su Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo la corrupción no ha permitido que los habitantes en general se vean beneficiados.
Todas estas deplorables condiciones sumadas a que mujeres y niñas viven constantemente amenazadas de vivir violaciones ven en detrimento los derechos de las guineanas, creando una violencia endémica que el mismo gobierno no se ha preocupado en detener. En junio de 2011, el proyecto de Ley de Planificación Familiar, que criminaliza la violencia doméstica, fue enviado a la oficina del fiscal general. Más de un año después, el proyecto de ley aún no había sido enviado al Parlamento para su votación.
La caza de brujas que se vive actualmente obedece a una nueva imposición del sistema capitalista en Papúa Nueva Guinea tras varias décadas sin abrirse plenamente al mundo exterior. Apoyada en la acendrada creencia en la magia negra, en una “Ley de Brujería” que según el primer ministro Peter O’Neill habría de ser derogada en breve, el detrimento en las condiciones económicas, la falta de derechos plenos para las mujeres, es que la masiva caza de brujas podría convertirse en un mecanismo contra la resistencia de la población a formar parte del nuevo sistema capitalista, puesto que al fragmentar la unión entre los campesinos que es la mayor parte de la población en Papúa Nueva Guinea es más fácil imponer los nuevos cambios en la privatización de las tierras que durante muchos años han trabajado las mujeres.