El acuerdo firmado ayer por el gobierno federal con algunos grupos de autodefensa de Michoacán es el reconocimiento tácito de que el Estado mexicano no pudo manejar un fenómeno social y un movimiento armado que él mismo toleró y dejó crecer en su momento y ahora, por la vía de una forzada institucionalización, pretende acabar o por lo menos controlar.

 

Si no pudo desarmar ni desarticular el alzamiento de los michoacanos, que siguió creciendo y avanzando a pesar de la presencia federal en municipios de aquella entidad, la administración Peña Nieto pretende ahora transformar en “guardias rurales” y en policías municipales a la mayoría de sus integrantes, a los que permitirá seguir armados siempre y cuando cumplan con algunos trámites burocráticos y con el debido registro de sus armas ilegales ante la Sedena.

 

Con esta suerte de amnistía, que incluye la liberación de autodefensas detenidos por portar armas exclusivas del Ejército y la indemnización a familias de combatientes comunitarios que hayan muerto en los combates, se busca frenar y desarticular la insurrección popular que se generó ante la ausencia del Estado y el abandono de las autoridades, todas, de su responsabilidad primaria de cuidar y defender a los ciudadanos frente al crimen. Ahora para neutralizar a esa fuerza armada real y popular en que se convirtieron los autodefensas buscarán incorporarlos a la nómina federal y estatal y dotarlos de un uniforme que cubra su origen ilegal.

 

El acuerdo que encabezaron ayer Alfredo Castillo, comisionado federal y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, en Tepalcatepec, junto con algunos grupos de autodefensa, tiene de origen dos limitaciones: la primera, que no lo suscribieron la totalidad de los líderes de los grupos comunitarios que participaron en el combate a los Caballeros Templarios -fue notoria la ausencia, por ejemplo, del doctor José Manuel Mireles-, y la segunda, que el acuerdo se limita a la región de Tierra Caliente, donde ofrece realizar auditorías a municipios y castigar a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades, pero nada dice de otros municipios fuera de esa región donde también había presencia de corrupción policiaca y municipal.

 

La gran pregunta es cuáles serán los incentivos que tengan los empoderados grupos de autodefensa para integrarse a las filas de una nueva guardia rural, bajo el mando del Ejército o de las cuestionadas policías de los municipios que ellos mismos destituyeron por la fuerza ante su involucramiento con los narcotraficantes. Se requerirá mucho más que dinero para que muchos de los que han probado la efectividad y el poder de las armas para hacer valer sus derechos más elementales, decidan ahora volverse empleados de la burocracia, ya sea federal o municipal.

 

Una de las condiciones reiteradas por las autodefensas para aceptar, ya no el desarme sino la figura de armisticio que ahora les ofrecen las autoridades, es la detención de los siete capos principales de Los Caballeros Templarios. No fue casual que el mismo día, casi a la misma hora en que se firmaba el Acuerdo para la Legalización de las Autodefensas, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, soltara la primera versión de la detención de “uno de los cinco líderes” templarios que después confirmaría Monte Alejandro Rubido al anunciar la captura de Dionisio Loya Plancarte El Tío, en la ciudad de Morelia.

 

Si el gobierno federal quiere realmente aplacar la rebelión armada y activa que significan todavía las autodefensas tendrá que seguir con las capturas que faltan: desde Nazario Moreno González, El Chayo, hasta Servando Gómez La Tuta, pasando por Enrique Plancarte La Chiva, Ignacio Rentería Andrade, El Nacho o El Cenizo; Samer José Servín Juárez y Pablo Magaña Serrato, La Morsa. Y junto con esa lista de capos tendrán que empezar a caer los políticos michoacanos que les dieron protección, así como los empresarios que lavaban sus millonarias ganancias. Eso y no sólo convertir a los alzados autodefensas en policías rurales o del municipio es lo que tranquilizará a Michoacán.

 

NOTAS INDISCRETAS… Con el fallecimiento no reconocido del Pacto por México, todo el peso de sacar las leyes secundarias de las cacareadas reformas estructurales recae ahora en el Congreso. A pesar de que en la mesa del difunto Pacto los líderes partidistas se habían comprometido a “guiar y aterrizar los ordenamientos secundarios que garantizaran el espíritu de las reformas” que ellos idearon e impulsaron, es un hecho que eso ya no ocurrirá y todo dependerá de la habilidad de negociación que tengan los coordinadores parlamentarios para lograr buenas legislaciones y reglamentos que hagan realidad las tantas promesas que acompañaron a las reformas. Así que el turno ahora es para figuras como Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, por el PRI, y para los perredistas Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, además de los panistas Alberto Villarreal y Jorge Luis Preciado. Veremos si en el Congreso pueden con el paquete… Los dados mandan Doble Escalera. La semana promete.