EL CAIRO. La Fiscalía General de Egipto ordenó el traslado a una corte penal del caso contra veinte periodistas del canal catarí Al Yazira, entre ellos dos británicos, un australiano y una holandesa, acusados de difundir noticias “falsas” sobre el país, entre otros cargos.

 

Entre los periodistas figuran el australiano y ex corresponsal de la BBC y CNN, Peter Greste quien fue detenido junto al egipcio-canadiense Mohamed Adel Fahmy , el pasado 29 de diciembre, cuando la policía egipcia allanó sus oficinas de información improvisadas en el hotel Marriott, en el centro de El Cairo. La fiscalía los acusó de trabajar ilegalmente en Egipto y de retransmitir ilegalmente sin permiso de las autoridades.

 

En un comunicado, la Fiscalía General informa que los 20 periodistas están acusados de delitos de incitación contra el pueblo egipcio y de difusión de noticias falsas “con la finalidad de hacer creer en el extranjero que lo que sucede en el país es una guerra civil que amenaza con colapsar el Estado”.

 

En concreto, los cuatro corresponsales extranjeros serán procesados por “crear y financiar una red de información compuesta de veinte personas, entre egipcios y extranjeros, para esos fines”.

 

Los informadores presuntamente manipulaban el material informativo para crear escenas falsas que “dañan la seguridad nacional” y emitirlas en Al Yazira con vistas a ayudar a los “terroristas” influyendo en la opinión pública internacional, añadió la Fiscalía.

 

La Fiscalía consideró que los otros 16 egipcios, además de pertenecer a la Hermandad Musulmana, considerada una organización terrorista, serán juzgados por daños a la unidad nacional y la paz social, así como adoptar el como un medio para cumplir sus objetivos.

 

De ser declarados culpables los periodistas extranjeros y los colaboradores egipcios de la televisora satelital podrían ser condenado a ente 15 y 25 años de prisión con la posibilidad de la pena de muerte, según Ahmed Ezzat, representante de un grupo de Derechos Humanos.

 

Obligado a abandonar China

 

En el mismo contexto, Austin Ramzy, un periodista de The New York Times en Pekín deberá abandonar hoy China, al no haber obtenido a tiempo la aprobación de su visado actual de turista de un mes, situación que la asociación de corresponsales del país asiático considera ligada a algunos reportajes que el diario ha publicado sobre el liderazgo chino.

 

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Qin Gang, aseguró que Ramzy, contratado por The New York Times el pasado verano después de cubrir China durante seis años para la revista Time, “rompió las reglas” al quedarse en el país con su “antiguo” visado de ese medio.

 

No obstante, el editor jefe de The New York Times en China, Edward Wong, publicó en su cuenta de Twitter ese mismo día que “siguiendo las normas, el periodico entregó la solicitud del visado para Austin Ramzy el pasado junio. Ellos no la han aprobado”.

 

En un comunicado, el Club de Corresponsales Extranjeros en China, enfatizó que Ramzy es el tercer reportero de ese medio a quien en los últimos dieciocho meses no se ha concedido la acreditación como periodista, imprescindible para ejercer la profesión en China.

 

“En estas circunstancias, es difícil evitar concluir que las autoridades están castigando a The New York Times por los artículos que ha publicado sobre el ex primer ministro Wen Jiabao y su familia”, subraya.

 

La mención se refiere a un reportaje publicado por ese diario en octubre de 2012 que revelaba la fortuna de 2 mil 700 millones de dólares amasada por el ex primer ministro de la potencia asiática y su familia.

 

Todas estas circunstancias, además de la hostigación que los periodistas sufren al intentar cubrir informaciones delicadas para el gobierno, han elevado las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos y diplomáticos occidentales sobre el aumento de varios tipos de censura hacia los corresponsales.