Los productores del documental Presunto Culpable obtuvieron un segundo triunfo legal, luego que la Jueza Octava Civil considerara que no son responsables de daño moral en agravio del policía judicial José Manuel Ortega Saavedra.

 

Dicho agente fue el encargado de realizar la detención de José Antonio Zúñiga, quien fue acusado de asaltar y asesinar a Israel Reyes Pacheco.

 

El agente consideró que había sufrido un daño moral al haberlo exhibido en la película como uno de los artífices para inculpar al presunto homicida, y utilizar su imagen sin su autorización, con la cual se obtuvo un lucro económico.

 

Esta resolución forma parte de los criterios judiciales que aplicaron el jueves pasado para absolver a Layda Negrete y Roberto Hernández Ruiz, por una demanda conjunta de daño moral por la que reclamaban 3 mil millones de pesos.

 

En esta ocasión la jueza, Yolanda Zequeira absolvió a los productores y a la empresa distribuidora del documental en la demanda por daño moral que interpuso el judicial, quien no presentó los elementos de prueba pertinentes para demostrar en que consistió el daño moral que le generó la divulgación de la película.

 

La semana pasada la Juez 18 Civil falló a favor de productores del uienes fueron demandados por 3 mil millones de pesos por concepto de reparación del daño moral en agravio las personas que fueron exhibidas a través de la filmación sin su consentimiento

 

La juez resolvió que a través de las pruebas aportadas por los denunciantes que no se había configurado el delito de daño moral, y por ende no había materia para demandar la reparación del daño, “en criterio de esta juzgadora, no se alcanza a advertir demostrada la afectación de la familia”, concluyó la juez 18, Norma Alejandra Muñoz Salgado

 

Por ello, Layda María Esther Negrete Sansores, Roberto Hernández Ruiz la casa productora Distramax, S.A de C.V; la distribuidora Cinépolis y a Televisa, fueron absueltos por la juez de la causa por los hechos que se les imputaban.

 

Como se recordará tres personas que se sintieron afectados en su integridad moral, social y económica por la transmisión del filme, iniciaron una demanda por la que exigían la reparación del daño.

 

Entre los demandantes se encontraba Reyes Bravo, quien señaló a Antonio Zúñiga como el asesino material de su primo, y quien era menor de edad al momento de su comparecencia.

 

Por su parte, la familia Reyes Pacheco, quienes se dijeron agraviados por la exhibición de una fotografía del cadáver de la víctima.