El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se sumará a la lista de ex mandatarios nacionales acusados de traición a la Patria.
Luis Echeverría fue denunciado por la matanza del 2 de octubre de 1968; los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón por implementar políticas públicas que incrementaron en 40% la pobreza. Ellos son los tres ex presidentes que también fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por este delito que se contempla en el artículo 123 de la Constitución Mexicana.
Hoy, Andrés Manuel López Obrador, acudirá a la PGR a presentar la denuncia penal contra Peña Nieto por traidor a la Patria en razón de que el priista impulsó la reforma energética la cual, según el tabasqueño, la privatización de los energéticos tendrán graves repercusiones irreversibles en la economía y la vida social del país.
Como parte del plan de acción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el dos veces candidato presidencial acudirá a las autoridades judiciales bajo el cobijo del artículo 123, que habla de este delito y por el cual se puede alcanzar penas de 5 a 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos al mexicano que lo cometa.
El tabasqueño informó que a las 11 horas de este miércoles emitirá la denuncia como parte del plan de acción de Morena en defensa del petróleo y contra la privatización del patrimonio nacional. “La justicia tarda pero llega”, indicó López Obrador a través de su cuenta de Twitter.
No obstante, actualmente, ninguna de las denuncias por traición a la Patria contra los tres ex presidentes de México han tenido resultados a favor de los demandantes.
En 2002, la Procuraduría General de la República (PGR), recibió la primera denuncia de este tipo contra el ex mandatario nacional priista (1970-1976), Luis Echeverría. La denuncia penal estaba relacionada con un supuesto genocidio que inculpaba a Echeverría por la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968. El juicio llegó hasta los tribunales que resolvieron a favor del priista.
La segunda denuncia se recibió en 2012 y fue emitida por un grupo de académicos de diversas casas de estudio como la UNAM, el IPN y la UAM, además de integrantes de sindicatos y organizaciones civiles. Esa vez, fue en contra de los ex titulares del Poder Ejecutivo, Vicente Fox Quezada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
De acuerdo con los expedientes, a ambos panistas se les acusaba de genocidio económico y traición a la patria ya que durante los 12 años de sus administraciones disminuyeron el salario de los mexicanos hasta un 65%, hubo un aumento de pobreza hasta un 40%.
Además del Movimiento de López Obrador, el presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria Obrero Popular, Erasmo G. Morales Rivera, ya presentó una denuncia ante PGR contra el gobierno federal, por las políticas que han aprobado en torno a las reformas estructurales.
Asimismo, el Congreso Popular, iniciativa promovida por intelectuales y ciudadanos, también planea una denuncia similar contra Enrique Peña Nieto para llevarlo a juicio político por traidor a la Patria.
TRAICIÓN A LA PATRIA:
El artículo 123 de la Constitución Mexicana habla del delito de traición a la Patria el cual, de tomarse como culpable, impondrá penas de prisión de cinco a 40 años y una multa hasta de cincuenta mil pesos.
Las formas por las que se puede acusar de traición a la patria son 15, incluyendo fomentar actos de guerra contra México; entregar secretos militares a gobiernos extranjeros; solicitar un protectorado extranjero en territorio nacional; impedir que tropas mexicanas reciban ayuda y material de guerra o entregar el mismo a extranjeros en estado de guerra contra México; privar, ilegalmente, de la libertad a una persona para entregarla a un gobierno extranjero; ocultar o auxiliar a quien cometa actos de espionaje; así como quitar dolosamente los señalamientos que marcan los límites del territorio nacional. La traición que correspondería al presidente Peña Nieto, según Andrés Manuel López Obrador, serían los actos “contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación” y tratar “de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración”.