La denuncia penal por traición a la Patria, interpuesta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contra el presidente Enrique Peña Nieto, no procederá ante la Procuraduría General de la República (PGR), admitió el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Esto, acusó, porque la dependencia federal “estar al servicio de la mafia en el Poder”.
Ayer, al acudir a las instalaciones de la PGR, el tabasqueño aseguró que Morena agotará todos los procedimientos jurídicos nacionales para que después la querella sea interpuesta en instancias internacionales.
“Sabemos, no somos ingenuos, que esta Procuraduría está al servicio de la mafia del Poder, de la banda de malhechores que mal gobierna a nuestro país. Pero estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos, además queremos que quede el precedente”, sostuvo López Obrador en un mensaje a las afueras de la PGR.
La querella
Ayer, sólo el abogado de Morena, Bernardo Bátiz, y el dirigente del movimiento, Martí Batres, interpusieron la denuncia ante la oficialía de partes de la PGR para impulsar un juicio político contra el mandatario nacional en razón de que -con la reforma energética- pactó la entrega de recursos petroleros y eléctricos a capitales extranjeros.
La denuncia que fue recibida a las 11:30 horas de este miércoles, fue firmada por todos los consejeros nacionales de Morena en el país, encabezados por Andrés Manuel López Obrador.
En el documento, se acusa a Peña Nieto de cometer un delito al modificar la Constitución Mexicana en sus artículos 25, 27 y 28, lo que para, López Obrador y su movimiento, representa poner en riesgo la soberanía Nacional y la Independencia de México al dejar en manos de empresas extranjeras la extracción, destino y administración de los energéticos.
La denuncia se sustenta en los apartados 1 y 12 del artículo 123 del Código Penal Federal, que indican que será culpado de traición a la Patria quien: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero y trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración.
El culpable por este delito puede alcanzar penas de cinco a 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos al mexicano.
Las pruebas
Entre los anexos de la denuncia, a modo de pruebas, se encuentra una transcripción con las declaraciones de John Kerry, cuando era presidente del Comité de Relaciones del Senado de los Estados Unidos, que indican que tuvo trabajo de coordinación -a finales de 2012- con el entonces Presidente electo, Enrique Peña Nieto.
“De esas reuniones se llegó a la conclusión de que lo que ofrecía Peña Nieto, estaba de acuerdo a los intereses y criterios del Gobierno de Estados Unidos”, declaró Bernardo Bátiz.
“Los actuales niveles de importación, así lo dice Kerry, no son satisfactorios para ellos (los Estados Unidos) y que el gobierno estadounidense tiene interés directo en las reformas mexicanas”, agregó el abogado de Morena.
Además, existen otros documentos que son parte de los anexos, de otras declaraciones en Inglaterra, que indican la intencionalidad de la reforma energética. Asimismo, se anexan las supuestas fallas que tuvo el proceso de aprobación de esa y otras reformas en 2013.
“Peña Nieto, antes de asumir la Presidencia de la República, en su carácter de Presidente electo, llevó a cabo negociaciones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para acordar, pactar la entrega del petróleo a compañías petroleras extranjeras. Hay estas pruebas de cómo la reforma a los artículos 25, 27 y 28 se pactó fuera del país, en Washington, en Londres, se llevó a cabo la venta del país”, dijo al respecto López Obrador.
Tratándose de un funcionario de ese nivel, el abogado de Morena solicitó a la PGR que lleve a cabo la averiguación y una vez concluidos sus trabajos solicite, ante el Senado de la República, el juicio en contra de Enrique Peña Nieto.