WASHINGTON. El gobierno de EU está debatiendo si existe respaldo legal para realizar un ataque con aviones no tripulados o “drones” contra un ciudadano estadunidense en el extranjero que mantiene vínculos con Al Qaeda, según fuentes consultadas por la CNN.
Para justificar el ataque, el gobierno estadunidense debe considerar que existe un riesgo inminente contra la seguridad nacional y que no es viable capturarlo vivo, dos de los principales requerimientos para este tipo de operaciones detallados en 2012 por el secretario de Justicia, Eric Holder.
Holder reveló en 2012 que un ataque mortal contra un ciudadano estadunidense en el exterior debe cumplir los requisitos de que esa persona suponga una amenaza inminente contra EU, que su captura no sea factible y que la ejecución del ataque sea consistente con las leyes de guerra, algo que hasta entonces se había mantenido en secreto.
Además, el presidente Barack Obama debe firmar la decisión de ataque contra un estadunidense y desde el pasado año no puede ser una operación clandestina de la CIA la encargada del ataque, sino al mando del Pentágono.
El Gobierno estadunidense tiene indicios de que en este nuevo caso, el ciudadano estadunidense es miembro de Al Qaeda y está planeando atentados contra compatriotas en el extranjero.
Las fuentes aseguran que la CIA le sigue la pista gracias a la vigilancia con “drones”, pero no puede actuar por las nuevas limitaciones y porque el sospechoso se encuentra en un país que no aprobaría una acción unilateral en su territorio.
La aprobación de la compleja operación debería llegar del Departamento de Defensa, con el respaldo legal suficiente del de Justicia y con el visto bueno final de la Casa Blanca.
Las organizaciones de derechos civiles estadunidenses critican este tipo de “asesinatos selectivos” por violar el derecho a juicio justo consagrado en la Constitución y porque niega a la víctima el derecho a defenderse debidamente.
Hasta el momento, la Casa Blanca solo ha reconocido haber matado con “drones” y a propósito a un solo estadunidense, el clérigo nacido en Nuevo México y de familia yemení Anwar al Awlaki, considerado el cerebro de varios planes terroristas contra Estados Unidos, entre ellos el intento de hacer volar con un suicida un avión con destino a Detroit en 2009.
En mayo de 2013, Obama aseguró en un discurso sobre su política de seguridad nacional que habría faltado a su deber de no haber autorizado el bombardeo contra Al Awlaki en septiembre 2011, la primera vez desde la Guerra Civil (1861-65) en la que el Gobierno reconoce haber dado muerte a un estadunidense por considerarlo un enemigo.
Sentencia rápida y furiosa
PHOENIX. Un ciudadano mexicano fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato en 2010 de un agente de la patrulla fronteriza, cuya muerte reveló una fallida investigación sobre contrabando de armas conocida como “Rápido y Furioso”.
Manuel Osorio Arellanes fue sentenciado el lunes después de declararse inocente por el homicidio del agente Brian Terry, ocurrido el 14 de diciembre de 2010.
Osorio es el único acusado por el homicidio.
El oficial murió cuando Osorio y otros cuatro mexicanos que están acusados de infiltrarse a Estados Unidos para robar a traficantes de marihuana, se acercaron a Terry y otros agentes.
Dos fusiles comprados por una red de tráfico de armas que estaban siendo vigiladas bajo “Rápido y Furioso” fueron encontrados en el lugar donde fue asesinado el agente.
El enfrentamiento a tiros atrajo la atención hacia la operación “Rápido y Furioso”, en la que agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego permitieron a presuntos traficantes comprar armamento en tiendas de Phoenix con la intención de rastrear su recorrido hasta los líderes de la red.
Los agentes permitieron la compra de 2 mil armas, pero perdieron el rastro de más de 1,400.
La operación provocó la renuncia de varios altos funcionarios y que se citara por desacato al secretario de Justicia por negarse a entregar documentos requeridos por el Congreso para una investigación. El fiscal federal asignado a Arizona también renunció a causa de su participación en la operación.