Aunque la reforma en materia de transparencia, publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación, obliga a los sindicatos, partidos, estados y municipios a rendir cuentas, podría pasar un año para que sean incluidos en el Sistema de Acceso a la Información.
De acuerdo con el documento, el cual fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto, el Poder Legislativo tiene un plazo de un año para crear la Ley General de Transparencia y sus reglamentaciones secundarias que darán vida al nuevo órgano constitucional autónomo que sustituirá al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Los cambios al artículo sexto constitucional refieren: “el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.
Además, otra reforma “al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto”.
En esas reglamentaciones secundarias se establecerá la forma en que los siete partidos con registro nacional, además de las fuerzas políticas locales y los más de dos mil sindicatos registrados en el país serán convertidos en sujetos obligados de transparentar sus cuentas públicas.
En la Ley General, por ejemplo, se establecerá que partidos y sindicatos cuenten con una Unidad de Enlace en materia de transparencia, es decir, una oficina encargada de contestar las solicitudes de información pedidas por los ciudadanos.
Gobernadores se salvarán
La reforma decreta que el IFAI se transforma en un órgano constitucional autónomo con injerencia desde el ámbito federal hasta el municipal; sin embargo, los gobernadores, presidentes municipales y otros organismos también podrían seguir en la opacidad hasta 2015.
Además, el artículo quinto transitorio señala: “las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto”.
La facultad de revisar y atraer los casos de opacidad en los estados, municipios, partidos y sindicatos, según el documento, “podrán ejercerse, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión”.
Mientras el Congreso de la Unión expide las leyes secundarias, el Ifai, explica la reforma, garantizará la transparencia sólo en el ámbito federal tal como lo decreta la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Respecto a los trabajadores del actual órgano de transparencia: “los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado.
Para que la reforma en materia de transparencia dé frutos podría pasar un año, tras el cual, los partidos y sindicatos se volverían sujetos obligados y la ciudadanía tendría acceso a sus cuentas financieras.
Atoran secundarias rendición de cuentas
“(La reforma) es apenas un esbozo de lo que será la ley en concreto. Se requiere todavía del diseño y aprobación de un nuevo código de transparencia; es toda una pauta que debe estipularse y tiene que legislarse antes de un año”, dijo a 24 HORAS Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa.
De acuerdo con la especialista, aunque la legislación, que entró en vigor el lunes, habla de los objetivos que se van a perseguir en materia de transparencia, todavía no se legaliza nada sobre cómo van a estar regulados los organismos, dependencias y funcionarios sujetos a ella.
En contraparte, una de las ventajas de esta reforma, añadió Campos, es que antes no se especificaba exactamente a qué estaban obligados los organismos, ahora se deja claro que deben contar con registros de información sobre sus responsabilidades.
“Algo de lo que estaba pasando es que se las dependencias y funcionarios se excusaban mucho para las peticiones de información diciendo que ésta no existía, ahora es su obligación contar con los datos y si no existe tendrán que producirlos. Sin embargo, tendremos que esperar a la legislación secundaria”, concluyó.