Con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se busca cerrar espacios a la impunidad y se eviten abusos en asuntos como la aplicación de la prisión preventiva y la orden de cateo, afirmó el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

 

“Se parte del principio de la presunción de inocencia, del derecho a un abogado desde la detención, a que las pruebas se desahoguen siempre frente a un juez y a que la prisión preventiva sea excepcional, entre otros derechos del acusado”, indicó.

 

Señaló que se consideran los derechos que recoge la Constitución y que el Código establece para hacerlos efectivo a todos los ciudadanos.

 

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 5 de febrero la minuta sobre el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que el envió el Senado de la República y turnó el documento al Ejecutivo federal para su promulgación.

 

Con esta reforma se busca que nadie pueda ser encarcelado o procesado sin un juicio justo y que nadie que haya cometido un delito y agraviado a una víctima pueda eludir la acción de la justicia y la reparación del daño causado, aseguró Beltrones Rivera.

 

Recordó que este nuevo código obedece a la reforma constitucional en materia de impartición de justicia que aprobó el Congreso el año 2008, la cual estableció un cambio sustantivo al introducir un sistema acusatorio y de juicios orales.

 

Se busca garantizar el debido proceso y se otorga certeza jurídica a los ciudadanos, a la vez que fortalece su confianza mediante las disposiciones de procedimiento para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en cualquier parte del país, aseveró el diputado priista.

 

Refirió que el nuevo código es producto de muchos meses de trabajo de los legisladores, de la participación de expertos de las organizaciones civiles, académicos y funcionarios responsables de las áreas de procuración de justicia.

 

“Sólo así es que hemos logrado que contenga los elementos indispensables de un marco normativo que permite a las autoridades federales y de nivel local aplicar una reforma que moderniza el sistema de impartición de justicia penal”, agregó.