BRUSELAS. Los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) pidieron la suspensión del acuerdo bilateral Safe Harbour, que gestiona la transferencia para las empresas de la Unión Europea y Estados Unindos, y el de datos bancarios Swift tras el escándalo de espionaje de Washington.
Los eurodiputados aprobaron un informe del laborista Claude Moraes que pide asimismo a los Gobiernos europeos que condicionen su consentimiento al futuro acuerdo de libre comercio e inversiones entre la UE y EU a que se tenga en cuenta en el mismo la protección de datos.
El informe, que en comisión parlamentaria ha recibido 33 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, será votado en pleno en Estrasburgo en la sesión del mes de marzo.
Respecto al acuerdo Safe Harbour, el texto señala que “no se dan las suficientes garantías en cuanto a la protección de datos de los ciudadanos”.
Con respecto a Swift, el intercambio de datos bancarios con el fin de rastrear a presuntos terroristas, el informe Moraes pide que se suspenda hasta que las autoridades estadounidenses no den fe de que Washington no tiene vía libre para acceder a los datos de ciudadanos sin ninguna vinculación criminal.
Para el caso del futuro acuerdo comercial transatlántico (TTIP, en sus siglas en inglés), los eurodiputados advierten que el consentimiento final y preceptivo de la Eurocámara “está en peligro tras las revelaciones de espionaje masivo a líderes y ciudadanos europeos”.
El texto señala por otro lado a propósito del espionaje de la agencia de inteligencia estadounidense (NSA) que “no se puede ignorar que hay pruebas concluyentes sobre operaciones de inteligencia” llevadas a cabo por Washington en países europeos y ha vulnerado así “el derecho comunitario”.
Entre las reclamaciones para recuperar la confianza mutua, el informe del PE pide al Congreso estadounidense que adopte cambios legislativos que garanticen efectivamente los derechos de protección de datos de los europeos “con los mismos estándares que se aplican para los ciudadanos estadounidenses”.
Por otro lado, los eurodiputados proponen a la CE que estudie impulsar un programa de protección de delatores, incluidos periodistas que siguen información sobre servicios de inteligencia, para que se les dé amparo internacional cuando se les pretenda perseguir por sus revelaciones.
Este informe se ha aprobado sin poder incluir las aportaciones del extécnico de la CIA Edward Snowden, que ha declinado la opción de participar en persona o por videoconferencia en las audiencias de la comisión parlamentaria para investigar el alcance del presunto espionaje de EU.
Senador se querella contra el presidente Obama y la NSA
WASHINGTON. El senador republicano Rand Paul encabezó una querella legal contra el presidente de EU, Barack Obama, y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por considerar que han violado la Constitución con su espionaje de las comunicaciones de millones de ciudadanos.
“He decidido iniciar una demanda legal contra el presidente Obama porque él se ha negado, públicamente, a poner fin a una violación clara y continuada de la Cuarta Enmienda” de la Constitución, dijo el senador por Kentucky en una conferencia de prensa.
La Cuarta Enmienda forma parte de la llamada Carta de Derechos de los habitantes de Estados Unidos y estipula como derecho inviolable que “sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias”.
Paul, al igual que otros políticos y grupos defensores de los derechos civiles, sostiene que la NSA ha violado tal derecho con su recolección de datos sobre las comunicaciones telefónicas y digitales de millones de personas, una actividad revelada por el excontratista de esa agencia de espionaje Edward Snowden.
“La Carta de Derechos protege a todos los ciudadanos contra las pesquisas generalizadas”, añadió Paul.
Además de Obama y la NSA, la querella incluye al director nacional de Inteligencia, James Clapper; al director de la NSA, el general Keith Alexander, y al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey.
El abogado principal de los querellantes es Ken Cuccinelli, quien fuera secretario de Justicia en el vecino estado de Virginia hasta el año pasado.
Matt Kibble, presidente del grupo FreedomWorks, que se sumó a la querella, explicó que su organización “participa en esta demanda a nombre de una comunidad de seis millones de ciudadanos en todo el país, junto con cualquier estadounidense que tenga un teléfono”.
“Si usted usa un teléfono debería preocuparle este caso”, dijo Kibble.