Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco se anticipó a la justicia civil italiana y ordenó la expulsión del sacerdote Marco Mangiacasale, hallado culpable de abusos sexuales contra menores en un proceso eclesiástico.
El presbítero de la diócesis de Como, en el norte de Italia, se encuentra en espera de la sentencia definitiva en la justicia civil que ya lo encontró culpable de haber abusado de cuatro menores en dos grados distintos de juicio, condenándolo a tres años, cinco meses y 20 días de cárcel.
De manera habitual, los tribunales del Vaticano esperan el resultado final en la justicia civil, si existe un proceso en curso, antes de dictar sentencia. En este caso se obvió la espera, lo cual permite intuir que las pruebas contra el imputado eran contundentes.
La sanción aplicada fue de “reducción al estado laical” que lo alejará definitivamente del sacerdote, prohibiéndole cualquier posibilidad de celebrar misa, administrar sacramentos o estar en contacto con menores en el ámbito eclesiástico.
El procedimiento contra el ahora expárroco y ecónomo de la iglesia de San Giuliano llegó firmado directamente por el Papa y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Mueller.
Ya el 5 de abril de 2013 Francisco había asegurado, con una nota pública, su decisión de continuar con la política de “tolerancia cero” emprendida por su predecesor, Benedicto XVI, que entre 2011 y 2012 dictaminó la expulsión de 400 sacerdotes culpables de estos delitos.
A poco de iniciar su pontificado, el papa Francisco cambia el reglamento jurídico del Estado Ciudad del Vaticano y endurece las penas para los abusos de menores.
Apenas el 5 de febrero pasado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de un durísimo informe de la Comisión sobre los Derechos del Niño, acusó al Vaticano de haber dejado solos a los niños en manos de los sacerdotes pederastas.
El organismo señaló a la Santa Sede de no haber reconocido jamás “la magnitud de los crímenes sexuales” cometidos por parte de sus religiosos y de “no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores” lo que permitió que los abusos se repitieran de forma sistemática.
La Comisión sobre los Derechos del Niño exigió al Vaticano que “destituya de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”, para lo cual pide que haga público el contenido de sus archivos.
Según aseguró la ONU, la Santa Sede utilizó desde décadas atrás la táctica de transferir “de una parroquia a otra, o a otros países, a abusadores de niños bien conocidos, en un intento por encubrir sus crímenes”.
Una práctica “documentada por varias comisiones nacionales de investigación” que, además de revestir a los culpables de total impunidad, provoca un efecto aún más devastador: “La movilidad de los responsables” que se mantienen en contacto con menores y continúan abusando de ellos.