El diputado federal del PRD Jhonatan Jardines Fraire pidió investigar al juez José Guadalupe Mejía Galán, por negar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) la facultad de decidir sobre la retrasmisión gratuita de señales de televisión abierta en los sistemas de paga.

 

Para Jardines Fraire, la actitud que ha tomado el juez 32 de lo civil, es de claro favoritismo hacia las televisoras, por lo que pidió revisar el historial o casos se le han sido asignados con anterioridad.

 

“Los diputados deben estar muy pendientes de que se lleven acciones justas conforme a la ley, ya que sobre la Constitución no hay ninguna legislación superior, y si hay contradicción, sólo el Poder Judicial puede interpretar su aplicación” expresó en un comunicado.

 

La decisión del juez orilló a la Presidencia a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y garantizar la retransmisión de contenidos de televisión abierta en sistemas de paga.

 

Presidencia argumentó que Mejía Galán invalidó las facultades del IFT para “resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión  de paga de los contenidos de la televisión abierta, conocido esto también como Must Carry y Must offer“, detalló Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.

 

A nombre del presidente Enrique Peña Nieto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, bajo el mando de Humberto Castillejos, saldrá en defensa del Instituto, creado tras la reforma en telecomunicaciones con el objetivo de eliminar los monopolios en ese sector.

 

El tema de la retransmisión de tv abierta en sistema de paga adquiere relevancia luego de que las dos principales televisoras, Televisa y Tv Azteca, sostuvieran enfrentamientos públicos con empresas de televisión satelital como Dish, al argumentar que éstas deben esperar hasta la promulgación de las leyes secundarias para tomar su señal de manera gratuita.

 

Un día después de que un juez local considerara incompetente al IFTl para resolver el asunto, la Presidencia decidió tomar el asunto en sus manos y llevarlo hasta la Suprema Corte.