KIEV. La oposición ucraniana desalojó hoy el ayuntamiento de Kiev, tras dos meses y medio de ocupación, a la espera de que se archiven todas las causas penales y administrativas abiertas contra más de 230 detenidos durante las protestas populares que vive toda Ucrania desde finales de noviembre.
Las tres formaciones opositoras que lideran la protesta popular en Ucrania han cumplido así con las exigencias de la ley de amnistía y esperan que la Fiscalía general de Ucrania anuncie en las próximas horas el perdón total a todos los manifestantes y opositores perseguidos por la ley ucraniana.
Los activistas mantienen un piquete a las puertas del ayuntamiento, a unos pocos cientos de metros del corazón de la protesta en la plaza de Independencia de Kiev, y amenazan con volver a ocupar el edificio si el fiscal general, Víktor Pshonka, no anuncia la entrada en vigor de la amnistía.
En la pasada madrugada también desalojaron las delegaciones del Gobierno central en Poltava (en el centro del país), y también en las regiones de Ivano-Fránkovsk, Lvov y Ternópol, todas en el oeste de Ucrania, bastión de la oposición nacionalista.
Igualmente, han iniciado el desbloqueo para el tráfico rodado de la calle Grushevski en Kiev -escenario de violentos disturbios a mediados del pasado mes de enero- última exigencias de las autoridades oficiales para dar el carpetazo a todos los casos abiertos contra cientos de opositores.
El desalojo y la devolución de la administración municipal de Kiev a las autoridades ucranianas se escenificó como un acto oficial, con mediación del embajador suizo en Ucrania, Christian Schoenenberger, que asumió la responsabilidad en virtud de la presidencia del país alpino en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
Schoenenberger y Ruslán Andréiko, representante de la oposición, firmaron un acta de entrega del edificio bajo la atenta mirada del alcalde en funciones de la capital, Vladímir Makéyenko, que no quiso estampar su firma en el documento.
Alrededor de 600 opositores se trasladaron con todas sus pertenencias a otros dos edificios, la Casa de Ucrania y el Palacio de Octubre, que siguen ocupados por el movimiento popular conocido como Euromaidán, enfrentado al presidente Víktor Yanukóvich después de su negativa a firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
“No hay reclamaciones ni morales ni materiales a nadie. No hay daños, el edificio es propiedad de Kiev y en él estaban kievitas, ciudadanos de Ucrania”, dijo Makéyenko tras entrar en el Ayuntamiento.
Los opositores han manifestado su intención de mantener un piquete en los accesos a la sede municipal para impedir que la policía antidisturbios “Berkut” ocupe el edificio.
En la calle Grushevki, por las que se accede tanto a la sede del Gobierno como a la Rada Suprema (Parlamento unicameral ucraniano), las barricadas de nieve han sido desmontadas y sustituidas por otras de arena, levantadas sólo en los laterales, para abrir la vía al tráfico rodado.
Los manifestantes no tienen intención de despejar totalmente la calle, sino únicamente permitir que los coches puedan circular por ésta, en estricta aplicación de una de las condiciones de la ley de amnistía que exige desbloquear todas las vías públicas para el tráfico con la excepción de la plaza de la Independencia.
Los activistas ultiman al construcción de una especie de paso a nivel regulado por barreras viales a ambos lados de la calle para permitir la circulación sin abandonar sus posiciones.
Hace dos días, las autoridades dejaron en libertad con cargos al último de los 234 detenidos durante las masivas protestas en toda Ucrania, pero las causas contra ellos no serán archivadas hasta que la oposición cumpla con todas las condiciones de la ley de amnistía aprobada por la mayoría oficialista en el Parlamento.
Dicha ley les permite seguir ocupando tanto la plaza de la Independencia de Kiev, conocida como el Maidán, como tres edificios públicos en el centro de la capital ucraniana.
A mediados de enero, tras dos meses con el centro de Kiev tomado permanentemente por miles de manifestantes opositores, el Gobierno aprobó un paquete de leyes represivas que fue respondido con violencia por los manifestantes más radicales, que se enfrentaron a la policía antidisturbios en la misma calle Grushevksi que hoy se abre al tráfico.
Seis personas murieron en los choques y centenares resultaron heridos, a lo que siguió un proceso de negociaciones entre las autoridades y la oposición que cristalizó en la dimisión del Gobierno del primer ministro Mikola Azárov y revocación de las polémicas leyes.
Miles de manifestantes continúan todos los días con sus protestas en el Maidán, con cientos de ellos instalados de forma indefinida en una ciudadela de tiendas de campaña, con el objetivo último de derribar a Yanukóvich y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas.