El secretario general de Amnistía Internacional (AI) a nivel global, Salil Shetty, exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a pasar de las declaraciones y políticas en materia de derechos humanos a hechos concretos, como encontrar a personas desaparecidas o brindar justicia a las víctimas de tortura o agresiones sistemáticas en el país.
Durante la presentación pública del memorándum Los retos de México en materia de Derechos Humanos, que entregó a Peña Nieto el lunes pasado, el activista informó que en octubre próximo AI abrirá una oficina regional en el país, debido a la preocupación que tiene el organismo por la constante violación a derechos humanos que se da en todo el territorio nacional.
“Si el Presidente está hablando de salvar a México, tiene que dar resultados muy tangibles sobre los derechos de los ciudadanos”, expresó Shetty a pregunta expresa sobre la imagen que da el país tras la reciente aparición del jefe del Ejecutivo en la revista TIME.
Para culminar una visita de “alto nivel” realizada a Coahuila y la Ciudad de México, Shetty se dio cita con activistas y medios de comunicación para comentar la reunión que sostuvo con el jefe del Ejecutivo, en la que participaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Jesús Murillo; y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.
“El presidente estuvo de acuerdo con nuestra exigencia de mostrar resultados concretos, y expresó la idea de que el gobierno cuente con indicadores para monitorear los resultados de los programas y acciones en pro de los derechos humanos. Por nuestra parte, le reiteramos que no son las palabras en las que vamos a confiar, haremos nuestro propio monitoreo y buscaremos que cumplan con lo que prometieron”, dijo.
Shetty subrayó que la impunidad es una de las grandes preocupaciones de AI, y que durante su visita a México constató las violaciones derivadas de ella, como que se inicien averiguaciones sobre delitos en las que se cometen otros delitos, como la tortura que es una práctica generalizada en el país por parte de las fuerzas de seguridad pública.
“Nos preocupa la postura internacional que México adopta como defensor de los derechos humanos y la forma en que reacciona internamente. Nos hemos reunido con víctimas, asociaciones y defensores y comprobamos que la situación del país es alarmante”, declaró.
En el documento que le entregó al Ejecutivo, el organismo advierte que el gobierno mexicano ha dejado las acciones en materia de derechos humanos en manos de autoridades con capacidades limitadas, lo que supone que el tema está relegado para la actual administración, que ha dado prioridad a otros temas económicos y políticos.
Asimismo, señala retos y recomendaciones en nueve temas que alarman al organismo: la implementación de la reforma a los derechos humanos, seguridad pública, desapariciones y tortura, sistema de justicia penal, justicia militar, inmigrantes irregulares, ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de las mujeres y derechos de pueblos indígenas.
Shetty destacó el tema de seguridad pública en el país, en el que hizo hincapié en el caso de Michoacán como el ejemplo más visible de la persistente crisis que sufre el país como resultado de un “funesto” combate al crimen organizado por parte de las fuerzas públicas, lo que llevó a la ciudadanía a organizarse.
No obstante, dijo que no está convencido de que las autodefensas sean la opción para el estado y el país, ya que pese a la complicada situación de violencia y el apoyo que estos grupos reciben por parte de los ciudadanos, “la protección es obligación del Estado”.
Por su parte, el encargado de Investigación en México de AI, Rupert Knox, agregó que el organismo no ha detectado un cambio sustancial en la implementación de derechos humanos dentro de la estrategia de seguridad pública gubernamental.
El especialista dijo a 24 HORAS que la política del gobierno de Calderón aumentó las violaciones de garantías individuales en el país, debido a que las fuerzas militares no estaban capacitadas en la materia.
“Reconocemos que la administración de Peña Nieto lleva apenas 14 meses y que estos problemas se han acumulado a lo largo de varios años, pero mientras no haya avances en la impartición de justicia, no habrá una percepción de mejora”, concluyó Shetty.
DATOS
Amnistía Internacional registró en México:
7 mil quejas de tortura desde 2010 ante la CNDH
7 condenas por tortura desde 1994, según el Poder Judicial de la Federal
26 mil desaparecidos en el último año
“Nos preocupa la postura internacional que México adopta como defensor de los derechos humanos y la forma en que reacciona internamente. Nos hemos reunido con víctimas, asociaciones y defensores y comprobamos que la situación del país es alarmante”
Salil Shetty
Secretario general de Amnistía Internacional (AI) a nivel global
Urgente atención en Veracruz
La situación de inseguridad y ataques que los periodistas viven en Veracruz es muy grave, por lo que el gobierno de Javier Duarte debe cambiar radicalmente su postura con los medios de comunicación, advirtió Rupert Knox, encargado de Investigación en México de Amnistía Internacional.
“Eso no va a ocurrir, por lo que debe intervenir la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de forma más dinámica para garantizar que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos funcione. Debe ser una intervención fuerte sobre el gobierno de Veracruz”, señaló.
Por su parte, el secretario general de AI, Salil Shetty, señaló que aunque el organismo recibió con beneplácito dicho mecanismo, al momento ha resultado muy fallido. Asimismo, advirtió que la situación de migrantes y refugiados es preocupante, ya que prácticamente no hay una sola persona en esta condición que pase por México sin sufrir algún tipio de abuso.
Desde París, la Unesco se sumó a la condena de otros organismos internacionales por el asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz y pidió a las autoridades de México investigar el caso y enjuiciar a los culpables.
La víspera, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, subrayó en un comunicado que “la seguridad de los periodistas depende en buena medida de la capacidad de sancionar judicialmente a quienes utilizan la violencia para suspender la libertad de prensa y limitar el derecho de los ciudadanos a estar informados”.
Jiménez, que trabajaba en los diarios NotiSur y Liberal del Sur de Coatzacoalcos, Veracruz, fue secuestrado el 5 de febrero y su cuerpo mutilado fue hallado el martes 11 junto con otras dos personas en una fosa clandestina.
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