CARACAS. Al opositor Leopoldo López  se le dictó  medida privativa de libertad y su juicio fue trasladado el miércoles por las autoridades hasta la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra detenido por su presunta responsabilidad en los hechos violentos de la semana pasada, mientras se informó de una nueva víctima registrada en la jornada en la que se reportaron nuevas protestas callejeras en Caracas y otras ciudades.

 

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, indicó que un hombre murió y otros cuatro fueron heridos a bala cuando se realizaba una concentración en apoyo al gobierno en el estado de Bolívar, al sureste del país.

 

En declaraciones a la emisora Unión Radio dijo que los trabajadores “del sector revolucionario” fueron atacados desde una edificación cercana.

 

Con este informe, aumentaron a seis las víctimas relacionada con las manifestaciones a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro: dos oficialistas y cuatro opositores, incluida Génesis Carmona, de 22 años, una estudiante y reina local de belleza. Falleció el miércoles, un día después de ser herida de bala en la cabeza durante una protesta de opositores en el estado de Carabobo.

 

En tanto, López cuestionó a las autoridades por trasladar su audiencia a la cárcel militar de Ramo Verde, donde fue internado la noche del martes. “Mi audiencia en Ramo Verde es por miedo e ilegalidad, no por seguridad. Así funcionan las dictaduras. Fuerza Venezuela”, indicó el dirigente en su cuenta de Twitter. En Venezuela a algunos detenidos se les permite tener teléfono móvil.

 

Los abogados del dirigente denunciaron pretensiones de violar el debido proceso con la decisión de las autoridades de realizar la audiencia en la cárcel militar. “No queremos que se produzca un juicio carcelero, una audiencia oral dentro de un recinto penitenciario”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados de López, de 42 años, líder del partido Voluntad Popular, que el martes se entregó voluntariamente a las autoridades.

 

El gobierno ha dicho que la medida fue para garantizar la seguridad del detenido.

 

El defensor agregó en un comunicado “en este momento el Palacio de Justicia es el lugar más seguro y protegido de toda Venezuela…Queremos denunciar la pretensión de violar el debido proceso. Nos preocupa que no se cumplan las normas constitucionales, las reglas y garantías”.

 

Según la defensa, López podría ser imputado de los delitos de homicidio intencional y terrorismo, entre otros, pero un funcionario judicial, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, dijo a la AP que solo se estaría considerando imputarlo por lesiones graves, incendio de edificio público e instigación a delinquir.

 

Varios centenares de manifestantes acudieron a los tribunales penales para acompañar a López en su audiencia que horas después fue trasladada a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital. La sede del Palacio de Justicia, en el centro de la capital, amaneció rodeada de varias decenas de guardias nacionales con equipos antimotines. Los manifestantes se retiraron pacíficamente de los tribunales luego de permanecer por varias horas en los alrededores.

 

López es investigado por su presunta responsabilidad en los incidentes violentos que se registraron el 12 de febrero en el centro de la capital tras una multitudinaria marcha opositora, que dejaron tres fallecidos, 66 heridos y 69 detenidos.

 

Desde entonces se registran en Caracas y otras ciudades protestas callejeras contra Maduro, en la primera crisis política que enfrenta el mandatario, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013 luego de las elecciones realizadas ese mes tras la muerte del presidente Hugo Chávez.

 

Los manifestantes acusan a Maduro y a su predecesor de los altos índices de criminalidad y de otros problemas que agobian a los venezolanos como la galopante inflación y la escasez de bienes y servicios de primera necesidad.

 

Enrique Sánchez Falcón, uno de los abogados de López, se abstuvo de comentar sobre los delitos por los que sería imputado López y sobre las razones de llevar adelante el juicio en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, el abogado dijo que las autoridades indicaron que fue “para mayor seguridad”.

 

El presidente Maduro dijo el martes que las autoridades obtuvieron informaciones de que “la ultraderecha de Miami y de Venezuela, ante la orden de captura movilizaron unos grupos extraños para buscar a Leopoldo López y matarlo y crear una crisis política”. Indicó que “nosotros salvamos la vida” de López y que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, pasó durante “tres madrugadas” conversando con los familiares del dirigente político.

 

El canciller Elías Jaua defendió el miércoles las actuaciones de gobierno en el caso de López y señaló a Estados Unidos de prestar apoyo a sectores opositores locales para actuar contra el gobierno de Maduro.

 

Jaua dijo durante una reunión con embajadores de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la Cancillería que las autoridades han actuado apegadas a la ley y respetando los derechos humanos.

 

El canciller informó el martes, en una entrevista en la televisora rusa Russia Today, que las autoridades descubrieron un plan de funcionarios consulares de Estados Unidos que, mediante la promoción y entrega de visas a jóvenes de universidades públicas y privadas, hacían reuniones y contactaban a quienes “estaban fraguando el plan que desembocó el 12 de febrero”, según reseñó la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

 

Uno de los tres segundos secretarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que fueron expulsados por el gobierno señalados de supuestas actividades conspirativas, ya abandonó el país y se espera que los otros dos salgan este miércoles, precisó el canciller.