La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, WAN-IFRA, expresó su rechazo al asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la sección policíaca de los diarios Notisur y Libertal del Sur en Veracruz.
La agrupación acusó que durante la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, “han sido asesinados por lo menos ocho periodista en Veracruz”.
“El estado de 9 millones de habitantes concentra así el 50% de los asesinatos de periodistas en México desde el inicio de 2011″, agregó.
Sobre el caso de Goyo, WAN-IFRA lamentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado haya decidido desechar la profesión de Jiménez como posible móvil del asesinato, privilegiando la pista de una venganza personal.
“Resulta aberrante que la procuraduría estatal deseche la profesión de Gregorio Jiménez en la investigación, ya que existen elementos que indican que su trabajo periodístico pudo haber sido el móvil de la agresión”, dijo Rodrigo Bonilla, Gerente Regional para América Latina de WAN-IFRA.
Ante la difícil situación que enfrentan los informadores en Veracruz, la asociación advirtió que parece que el gobierno de Javier Duarte “está dispuesto a seguir negando los problemas de libertad de prensa en su territorio, como lo hizo durante nuestra reunión de febrero 2013, afirmando que ‘la libertad de expresión está 100% garantizada en Veracruz’”.
WAN-IFRA también expresó su inquietud por la lenta reacción en atraer el caso por parte de las instancias federales competentes, particularmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
A dos semanas del secuestro de Jiménez, la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República no ha atraído la investigación del caso, lo que parece indicar que también descarta la profesión de Jiménez como móvil del crimen.
“Este caso revela que las instancias federales necesitan mecanismos que les permitan atraer los delitos contra la libertad de expresión de manera mucho más expedita”, advirtió Bonilla.