La implementación de la reforma penal en todo el país antes del plazo legal establecido, que concluye en 2016, está en riesgo. Información poco confiable y subjetiva impide conocer el avance real en los estados y en consecuencia, no se justifican los montos millonarios asignados para ello.

 

Peor aún es que la asignación de los recursos a los estados, tampoco corresponde con la ya de por si dudosa clasificación de los avances en la implementación.

 

Se trata de la conclusión a la que llegó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras analizar una muestra de más de 448 millones de pesos que se destinaron en el 2012 para el programa de implementación de la reforma, el cual es responsabilidad de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación (SETEC) para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

 

La reforma, aprobada desde el año 2008, contempla la transformación en un plazo de 8 años del sistema de justicia en todo el país, hacia uno que en teoría es más transparente con juicios orales.

 

Sin embargo, la auditoría forense practicada por la ASF y cuyo dictamen fue negativo, concluye que al menos hasta el cierre del sexenio pasado, todo el proceso es incierto.

 

“La SETEC no cuenta con información confiable, suficiente y objetiva lo que impide conocer el avance real y verificar si la entrega del subsidio otorgado a cada entidad federativa fue el que correspondía a su nivel de avance” señala la ASF.

 

La Auditoria reveló que de acuerdo con  el reporte entregado por la SETEC, hasta el cierre del 2012 había tres entidades en los que el nuevo sistema operaba totalmente, mientras que en diez entidades más la operación parcial, y el resto en niveles de planeación y diagnóstico.

 

No obstante, la auditoría señala que esta clasificación se hace sin una medición realmente confiable e incluso “veraz”, por lo que resulta casi subjetiva

 

La informalidad se hace más grave aún al momento en asignar los recursos económicos a los estados pues no se respetan criterios que si existen para ello.

 

“La SETEC en el proceso de evaluación de los proyectos que remitieron las entidades federativas, no se ajustó a los Criterios Generales y Específicos para la Aprobación de Proyectos establecidos en el ejercicio 2012” indica la auditoria.

 

Dinero a ciegas

 

La auditoría reveló que el Comité de Subsidios de la secretaría autorizó 21 proyectos a los estados por un monto de más de 58 millones de pesos, que “no fueron congruentes con la etapa en la que se encontraban las entidades federativas de acuerdo con la clasificación que hizo la propia SETEC”.

 

En el subsidio otorgado hay más de dos millones 305 mil pesos sin comprobar, y se detectaron comprobantes irregulares para justificar gatos de por lo menos un millón 434 mil pesos. Tampoco se han reintegrado los rendimientos ni cargas financieras por parte de los estados.

 

DATO

297

proyectos presentados por los estados para pedir recursos de la reforma no cumplieron con la metodología, pero el SETEC aprobó 142 de ellos