Por irregularidades en el ejercicio del gasto federal de 2012, último año del sexenio de Felipe Calderón y cuyo monto asciende a cuatro mil 300 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentará 147 denuncias penales.
Juan Manuel Portal Martínez, titular de la ASF, informó que un total de 43 denuncias corresponden subejercicios, desvío de recursos o dinero no utilizado por las entidades federativas o municipios. Otras 104 quejas son relativas a dependencias públicas.
Con este mecanismo, la ASF espera recuperar unos 10 mil millones de pesos que habían sido mal empleados por las diversas entidades del país, así como por gestiones en municipios, proceso que ya se está llevando a cabo.
El auditor sostuvo que para que se solventen las inconsistencias en el ejercicio del gasto, esperarán a que se apliquen los recursos de manera efectiva en los programas para los que fueron aprobados, a fin de evitar que se vuelvan a destinar a usos diferentes.
Dijo que los estados con más inconsistencias en el uso de recursos federales fueron aquéllos que cuentan con mayor presupuesto, como Michoacán, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Jalisco.
Al respecto, el presidente de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria, acusó que en la administración del ex presidente Felipe Calderón la recurrencia en el gasto público fue el desvío de recursos y la opacidad.
El perredista consideró que durante esta gestión, a nivel federal, sobre todo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se dieron opacidades en el registro de préstamos y sus destinos, así como desvíos de recursos entre programas y fondos.
Sistema penal en riesgo
La ASF detectó graves irregularidades en el proceso de implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal para las entidades de Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Puebla.
El reporte de la ASF da cuenta de subejercicios en capacitación, infraestructura inconclusa, adjudicaciones directas sin procedimientos de licitación y compra de mobiliario sin haberlo inventariado ante las autoridades, entre otras inconsistencias.
“Que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión instrumentaron y aplicaron un procedimiento de puntuación distinto”, señaló el funcionario.
La ASF presume un probable daño en perjuicio la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 373 mil 489 pesos, toda vez que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) no presentó evidencia de la comprobación de tres entidades federativas: Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas, del subsidio que les otorgó.
En este sentido, “la Setec permitió que siete entidades federativas comprobaran la aplicación de los recursos de los proyectos (…) por conceptos distintos y sin requisitos fiscales”.
Doble gasto en Cancillería
Entre 2007 y 2012, la Secretaría de Relaciones Exteriores ejerció recursos por mil 081 millones de pesos para contratar servicios en materia de tecnologías de la información. Sin embargo, en 2012 firmó un contrato de 193.3 millones de pesos para el mismo rubro “con una empresa que se dedicaba a la comercialización de arte, libros, banquetes, bares, loncherías, entre otros”.
Dicho contrato fue suscrito para la “Cumbre G-20” –realizado en Los Cabos, Baja California Sur— pero la ASF detectó que dicha empresa “se transformó mediante modificación a su objeto social en enero de 2011, seis meses antes de ser incluida en el contrato marco, en una empresa de contratación, producción y operación de eventos nacionales e internacionales”.
Proponen Tribunal de Sanciones
La rendición de cuentas en México es ineficaz para combatir la corrupción así lo señaló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, además de pronunciarse por crear un Tribunal de Sanciones para que determine las irregularidades en el ejercicio del gasto público.
“La rendición de cuentas en México responde a una arquitectura nacional heterogénea, fragmentada y por tanto, ineficaz para combatir la corrupción (…) la creación de un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas sería una primera propuesta para eliminar esta fragmentación”, manifestó.
Precisó que la idea de un tribunal autónomo, es “similar” a lo que se discute en el Poder Legislativo con la reforma constitucional que crea la Comisión Nacional Anticorrupción.
“Sería conveniente que la Cámara de Diputados considerara la posibilidad de la figura de tribunal de sanciones, cuya creación no significaría una minimización de las actividades de auditoría interna y promoción del control al interior de la Administración Pública Federal”, dijo Portal Martínez.
Informó a los legisladores que el resultado de la Cuenta Pública 2012, del sexto y último año de gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, corresponde a mil 163 informes de auditoría, lo que representa un incremento absoluto de 60 auditorías con respecto a 2011.
Explicó que de las mil 163 auditorías practicadas, 527 fueron con enfoque financiero y de cumplimiento normativo, 478 de desempeño, 141 de inversiones físicas y 17 forenses.
Se incluyen, externó, 689 auditorías a fondos federales ejercidos por los estados municipios, de las cuales, 399 fueron practicadas por la ASF y 290 con el apoyo de las entidades de fiscalización superiores locales.
Aseveró que en materia de cobertura, la fiscalización se llevó a cabo en 127 dependencias y entidades correspondientes a los tres Poderes de la Unión, cuatro organismos constitucionalmente autónomos, 19 universidades públicas, los 32 gobiernos de las entidades federativas, fondos federales de 190 gobiernos municipales y siete demarcaciones del Distrito Federal.
Expresó que en el resultado de la fiscalización se determinaron nueve mil 056 observaciones que generarán la promoción de 10 mil 911 acciones, de las cuales seis mil 564 son de tipo preventivo y cuatro mil 347 de carácter correctivo.
Resaltó que desde ayer, las instituciones fiscalizadas cuentan con 30 días hábiles para presentar la documentación comprobatoria, para solventar las observaciones de la ASF.