El equilibrio entre la responsabilidad del Estado, la de garantizar la libre competencia y concurrencia de los mercados es una de las principales primordiales de la Ley Federal de Competencia Económica que impulsa el PRI en la Cámara de Diputados, aseguró su coordinador Manlio Fabio Beltrones.

 

 

Afirmó que su bancada trabajará con esmero en la discusión de dicha iniciativa de Ley misma que reforma al Código Penal Federal; y que, recordó, ya fueron enviadas a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal.

 

 

El político sonorense dijo estar convencido de que se trata de instrumentos jurídicos fundamentales para impulsar mercados competitivos y mejorar el crecimiento, el empleo, la calidad y el precio de los bienes y servicios.

 

 

“Tendremos especial cuidado en mantener el equilibrio entre la responsabilidad del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados y el resguardo de los derechos de los actores económicos, incluyendo su derecho al debido proceso y a recurrir a las decisiones de la autoridad para asegurar condiciones de transparencia regulatoria y plena certeza jurídica”, expresó.

 

 

Sostuvo que se trata de una norma que recoge el espíritu de la reforma constitucional en materia de competencia económica, promulgada en junio de 2013, y que responde a las mejores prácticas internacionales.

 

 

Agregó, establece un nuevo marco institucional de pesos y contrapesos entre la autoridad regulatoria, que es la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), la instancia responsable de la investigación de conductas anticompetitivas, la Contraloría Interna del órgano de regulación y los tribunales especializados en competencia económica.

 

 

Resaltó que la nueva facultad que se otorga a la CFCE de determinar y regular los llamados insumos esenciales, sólo se aplica para eliminar efectos anticompetitivos y no pretende alterar el sistema de precios propio de una economía de mercado.

 

 

Además, añadió, el nuevo sistema de sanciones penales incluye también medidas disuasivas e incentivos para propiciar la libre concurrencia y competencia.

 

 

 

Señaló la conveniencia de no perder de vista el impacto que este nuevo esquema jurídico en materia de competencia económica tendrá en el bienestar y la capacidad adquisitiva de la población, por el acceso a mejores precios y servicios, así como en la productividad y la competitividad del aparato productivo nacional y, por tanto, en el crecimiento y la generación de empleos de calidad.