La nueva Ley de Competencia dotó de blindaje a los comisionados que estarán al frente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ya que cualquier acercamiento con agentes económicos podría derivar en un juicio político en contra de ellos.

 “La iniciativa de Enrique Peña Nieto presentada en el Congreso es muy estricta en cuanto al contacto que podemos tener los comisionados con los agentes económicos, con los cuales se lleva un caso en la Comisión”, afirmó Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Cofece.

 

Todas las audiencias serán gravadas, toda vez que serán un medio de control para los comisionados para cuando haya a un indicio de que “nos estemos” comportando de manera indebida, dijo la responsable del organismo antimonopolios en su primer mensaje con los medios de comunicación.

 

En la rueda de prensa estuvieron los comisionados Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, Benjamín Contreras Astiazarán, Eduardo Martínez Chombo, Martín Moguel Gloria y Jesús Ignacio Navarro Zermeño. Sin embargo, el comisionado Francisco Javier Núñez Melgoza participo en la reunión, porque se encontraba en representación de la Cofece en el Foro Global de Competencia de la OCDE.

 

“La grabación será usada para llevarnos a juicio político, o sea como comprenderán las reglas son muy serias”, advirtió la encargada de lo que fuera la Comisión Federal de Competencia (CFC).

 

“Cuando la iniciativa privada dice que es una ley de pesos sin contrapesos; nos parece que es una ley de pesos con muchos contrapesos, pues la ley es muy estricta de cómo nos vamos a comportar los comisionados”, dijo.

 

“Nos harán juicio político en caso de que no nos comportemos de manera debida”, agregó Palacios.

 

Una de las peores prácticas de competencia económica es cuando las compañías se unen y acuerdan fijar los precios y cantidades de venta en los mercados de bienes y servicios en México, manifestó la presidenta de la Cofece.

 

“No hay nada más dañino para los consumidores que ese tipo de acuerdo, ya que en la experiencia internacional pueden llevar a los precios en 30% y 40% más caros”, precisó.

 

Los acuerdos que generan prácticas competitivas entre las empresas se sancionan en México y en todas las naciones del mundo con la máxima severidad, expuso Alejandra Palacios.

 

“En el caso de México; una de las posibles sanciones es la posible inhabilitación de los funcionarios de las empresas que hacen los acuerdos. Por ejemplo en el Reino Unido la inhabilitación puede llegar hasta los 15 años”, expuso.

 

Las prácticas absolutas son cuando los agentes elevan los precios de los mercados de bienes y servicios, mientras las prácticas relativas se dan cuando las empresas tienen el poder sustancial para afectar la competencia, añadió la comisionada.

 

Acotó que en México, las empresas no se portan mal o hacen prácticas anticompetitivas, sino hay mercados, estructuras, reglas y concentraciones que hacen que los mercados no funcionen y eso lo combate la nueva ley.

 

“Hay bastantes problemas de competencia en este país, lo cual es bueno la iniciativa. En su conjunto la iniciativa nos gusta sí, el concepto general nos gusta también, aunque hay textos que se pueden mejorar”, dijo.

 

La prioridad del nuevo órgano regulador son ocho sectores económicos, entre los que destacan el financiero, energía, transporte, los cuales fueron definidos por los comisionados.

 

A la Cofece ya no le toca determinar ni discutir cualquier tema monopólico sobre la redifusión y las telecomunicaciones, según Palacios.

 

“Todos los agentes económicos pueden ir al Poder Judicial de la Federación a pedir la revisión de los actos, esto es  un sistema de pesos y contrapesos. En la cofece toman decisiones y en el poder judicial se revisan; y esas son las reglas del juego para todas las compañías”, señaló.

 

—¿En el futuro se condonaran multas como pasó en el pasado con Telcel?, — se le cuestionó a la presidenta de Cofece.

 

—Las decisiones que determinará el pleno no serán condonadas, porque ya no existe el recurso de reconsideración. Constitucionalmente no es posible hacerlo.

 

“La iniciativa presentada por el Ejecutivo es congruente con la ambiciosa reforma al artículo 28 de la Carta Magna, producto de un amplio acuerdo plural a favor de la competencia en el país”, afirmó.

 

Palacios dijo que es un proyecto que otorga a la Cofece nuevos instrumentos indispensables para proteger el funcionamiento de los mercados. “Con esta iniciativa de ley, la política de competencia ya no sólo se circunscribe a detener y sancionar prácticas anticompetitivas, sino a establecer condiciones de libre mercado eliminado barreras a la entrada a éstos”.

 

La iniciativa preserva los conceptos más fundamentales que hacen operable la política de competencia en nuestro país, esto con el objetivo de proteger su aplicación y efectividad, indicó.

 

“La propuesta otorga certidumbre a todos los participantes de los mercados ya que brinda certeza jurídica cuidando en todo momento el debido proceso. Además, la iniciativa de ley prevé amplios controles internos y externos de cómo debemos desempeñarnos los Comisionados, y sujeta a la propia Cofece a claros mecanismos de rendición de cuentas y transparencia”, apuntó.

 

Palacios agregó que la iniciativa garantiza que los ciudadanos, y en particular, los empresarios tengan terreno parejo para el sano desarrollo de su actividad.