LA HABANA. El gobierno de Colombia y las FARC retomaron la vigésimo primera ronda de diálogos de paz en Cuba para intentar avanzar en el tema de drogas y narcotráfico, denunciando un clima de “gran desconfianza” debido a las recientes revelaciones sobre el espionaje efectuado a sus miembros, la corrupción militar y el último atentado contra la izquierdista Unión Patriótica (UP) que el gobierno atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Iniciamos este nuevo ciclo arrastrando una gran desconfianza por el espionaje absurdo de la inteligencia militar y la policía de Colombia, dirigidos por la CIA, para afectar el proceso de paz”, señaló en una declaración leída ante los medios el guerrillero “Pablo Catatumbo”, alias de Jorge Torres Victoria sobre el escándalo de las interceptaciones de correos electrónicos a negociadores, líderes de izquierda, periodistas e incluso al presidente Juan Manuel Santos.
La reanudación de los diálogos de paz se produce un día después del atentado contra la candidata presidencial de la izquierdista Unión Patriótica (UP), Aída Avella, que salió ilesa de un tiroteo a su caravana electoral ocurrido el domingo en la región de Arauca.
Sobre el atentado, las FARC dijeron que equivale a “balear la credibilidad del proceso de paz, iniciado en noviembre de 2012 y que hasta ahora ha discutido tres de los cinco puntos de la agenda.
Ese suceso reavivó los temores a una nueva campaña criminal contra los movimientos de izquierda que ya había sido denunciada por sus líderes. El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la inteligencia militar y policial logró interceptar unas “comunicaciones muy específicas” de miembros del ELN, en las que dan detalles del ataque a la caravana de Avella.
“De manera específica (las interceptaciones) hablan de cómo se movilizaban las doce camionetas, de cómo intentaron parar la caravana de la candidata presidencial y de cómo cuando esto no ocurrió abrieron fuego y dispararon contra la caravana”, aseguró el funcionario.
Aída Avella anunció que su partido, continuará en campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de este año, pese al atentado. La dirección convocó a todos sus candidatos a una cumbre el próximo 3 de marzo en la capital colombiana para analizar si tras el atentado el gobierno ofrece las garantías que la UP reclama, o por lo contrario les “obliga a suspender la campaña”.