A unos cuantos días de la recaptura del enemigo público “number one” de varias ciudades de Estados Unidos y de todo México, Joaquín Guzmán Loera, la opinión pública y la sociedad en su conjunto se preguntan algunas cositas:

¿Por qué presiona tanto el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de México para que extradite a Joaquín El Chapo Guzmán, con el propósito de que sea juzgado y condenado de acuerdo con la legislación de aquel país?

 

¿Por qué los estadunidenses tienen una nación ejemplar en lo que se refiere al Estado de Derecho?

 

¿Por qué los “americanos” –así se autodenominan ellos– quieren cobrarle las cuentas pendientes a su enemigo público “number one” a quien le imputan más de 35 cargos, desde conspiración para importar cocaína y heroína, comercializarla… lavar dinero y hasta algunos asesinatos?

 

¿Por qué el país más poderoso del mundo quiere mostrar urbi et orbi que allá sí existe la justicia sin vendas en los ojos y sin sobornos de por medio?

 

¿Por qué las cárceles de Estados Unidos no tienen las puertas tan grandes como las mexicanas y no se les escaparía el súper narco?

 

¡Nada de eso! La razón es más sencilla que todo lo anterior, apuntan los observadores objetivos e imparciales, y explican:

 

El sistema de justicia de Estados Unidos dispone de recursos legales que le permiten interrogar a fondo a los delincuentes de alta peligrosidad -sacarles la sopa, pues-, y obtener así valiosa información a cambio de negociaciones en lo oscurito que rebajan las condenas a los sentenciados o les permiten vivir como “testigos protegidos” en penales especiales que nada tienen de terribles.

Ese es el caso de delincuentes peligrosos, pero más o menos comunes y corrientes; sin embargo, en casos como el de Joaquín Guzmán Loera, la información que podría proporcionar a los interrogadores estadounidenses incluiría a funcionarios públicos, empresarios y políticos mexicanos de ayer y de hoy, que formaron la intrincada red de complicidades que el sinaloense tejió durante su prolongada actividad criminal.

 

Esa información es la que quiere tener en su poder el gobierno de los Estados Unidos, porque sería material explosivo con enorme valor estratégico para presionar en su oportunidad al gobierno de México.

Por consiguiente, la posición mexicana en el espinoso asunto de la extradición está lejos de ser un tema exclusivamente jurídico.

En realidad, se trata de una cuestión que va más allá de las leyes y que pondría en juego aspectos delicados y riesgosos de la seguridad nacional de México.

Así que habrá que esperar que el presidente Enrique Peña Nieto maneje el tema con la suficiente habilidad política y diplomática para no cumplir la solicitud de extradición de El Chapo y, al mismo tiempo, para no echarse encima al gobierno estadunidense, cuyos oficiales harán hasta lo imposible para preguntarle personalmente al delincuente. “¿Y tus socios, apá?” (algo así como: ¿And your partners, daddy?).

 

Por lo pronto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, le hizo saber al procurador estadounidense Eric Holder, que en su momento se analizará el pedido de extradición y se actuará en función de lo que sea más conveniente, pero le dio a entender que no será “fast track”. ¡Ah, bueno!

 

AGENDA PREVIA

El líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, dijo que los priistas, en su amplio ánimo transformador, apoyarán la propuesta del Ejecutivo federal para reglamentar la reforma constitucional en materia de competencia económica. Aseguró que la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica y la reforma al Código Penal Federal, combatirán las prácticas monopólicas, ya que contempla multas e incluso sanciones penales a los agentes económicos que infrinjan las normas de una competencia equitativa. ¡Pues qué bueno que le “afilen los dientes a la ley”! Exclaman los consumidores, porque la antigua legislación estaba medio “chimuela”, agregan.