GUERRERO, (desde algún lugar de la Sierra Madre del Sur).- Ante el avance incontenible de la violencia, decenas de comunidades situadas en la región conocida como Filo Mayor constituyeron el Consejo de Pueblos de la Parte Alta de la Sierra de Guerrero, para enfrentar con todo a una fuerza beligerante de más de 400 hombres armados que desde el año pasado los mantiene “bajo acoso criminal”.
Integrado por comisarios, representantes comunales y líderes naturales, este Consejo de Pueblos determinó “defendernos hasta la muerte” contra ese grupo delictivo que el pasado viernes 21 atacó la comunidad de Lindavista, municipio de San Miguel Totolapan, a cuyos habitantes mantuvo bajo fuego y sitiados durante la mayor parte del día.
Reunidos en el centro de una de las comunidades del Filo Mayor, ante un frío intenso, los campesinos lanzaron un “llamado desesperado” al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que envíe “auxilio militar y económico urgente” a esta región, que está a punto de convertirse en un escenario de guerra entre los pobladores y el grupo armado que los acosa, los extorsiona, los esclaviza y los mata, según describieron los entrevistados.
Por otra parte, comisarios, dirigentes y habitantes de la zona alta de la sierra, que dicen actuar en defensa de cerca de 10 mil familias de la región, desmintieron tajantemente al procurador Iñaky Blanco Cabrera, quien en una conferencia de prensa salió a decir que durante la refriega del viernes 21 se enfrentaron dos bandas criminales con saldo de dos muertos.
Debido a la situación de violencia y crisis que sufrían en ese momento, es entendible que los habitantes de Lindavista avisaran vía radial que eran atacados y que tenían muchos muertos, lo cual resultó inexacto, advirtieron los comisarios entrevistados.
Sin embargo, consideraron como “una vil mentira” la versión oficial, según la cual ese día se habrían enfrentado dos bandas delictivas y que sólo hubo dos muertos.
Lo que realmente pasó es que la comunidad de Lindavista fue atacada por unos 200 hombres con armas de guerra –fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas de fragmentación–, como represalia porque ahí se realizaría la integración formal del Consejo de Pueblos de la Parte Alta de la Sierra de Guerrero, “precisamente para buscar la forma de defendernos del acoso criminal que ejerce contra la población civil ese brazo armado de La Familia Michoacana”.
Se trata de la misma fuerza beligerante que, con tácticas de guerrilla, en junio, julio y agosto del año pasado hostigaron a los pueblos y causaron los desplazamientos de miles de personas de la parte media de San Miguel Totolapan, como es el caso de Las Mesas y las Mesas II, cuyos habitantes fueron expulsados del ejido de San Juan Tehuehuetla y terminaron refugiándose en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, huyendo del sometimiento al que los obligaba esa banda armada.
Según los datos ofrecidos por comisarios y comisariados ejidales, del ataque a Lindavista resultaron cuatro muertos confirmados de la comunidad, dos desaparecidos -a quienes ya consideran muertos-, dos heridos y dos atacantes abatidos, pero cuyos cuerpos fueron retirados por los delincuentes.
En total, los agraviados contabilizan ocho muertos como consecuencia del enfrentamiento, así como dos heridos, uno de ellos con esquirlas en la cabeza que ponen en peligro su vida.
Algunas de las comunidades que participan íntegramente en este nuevo movimiento de autodefensa armada son Mozimba, Chilacayote, Los Laureles, Lomillo, Casas Quemadas, Palos Altos, Cuatro Cruces y la misma comunidad agredida de Lindavista, todas ubicadas en la confluencia de los municipios de Tecpan de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, en la parte más alta de la Sierra Madre del Sur, a dos mil 500 metros sobre el nivel del mar.
Los demandantes pidieron al gobierno de Peña Nieto, así como al gobernador Ángel Aguirre Rivero, la electrificación de los pueblos del Filo Mayor “que llevan muchos años en el abandono”, la construcción de clínicas de atención a la salud, solución a la problemática de escuelas sin maestros, así como la terminación de los proyectos carreteros Tecpan-El Balcón, San Luis-Fresnos de Puerto Rico-Ajuchitlán, además de la carretera del Filo Mayor, que comenzó a construirse durante la gestión del gobernador José Francisco Ruiz Massieu (1986-1992), “pero es la fecha en que no se ha terminado”.
Los campesinos, que patrullan y velan armas por las noches en sus comunidades para evitar ser sorprendidos por los maleantes, advirtieron que se van a defender “con lo que tengamos, pero no vamos a permitir que nos lleguen por acá”.
Otro más, originario del ejido de El Balcón, sintetizó el ambiente que priva en esta apartada región: “Estamos dispuestos a todo, incluso a dar la vida por nuestro pueblo”.
El precedente
Un antecedente clave del proceso de los pueblos de la sierra se produjo el 30 de agosto de 2013 (publicado por 24 HORAS dos días después), cuando representantes de una decena de comunidades se encontraron en la localidad de Bajitos de la Laguna, a unos 70 kilómetros montaña arriba de la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, para discutir la forma en que se defenderían del avance de los grupos criminales.
En decisión a mano alzada, comisarios y representantes de diferentes comunidades de varios ejidos de la región, provenientes de cuatro municipios, acordaron organizar brigadas de autoprotección para defenderse de agresiones del grupo armado que se mueve en esa zona de la sierra guerrerense.
Acompañados por promotores de derechos humanos, los campesinos acordaron por unanimidad crear sus propios grupos de autoprotección para enfrentar la amenaza que constituyen los grupos irregulares reportados por aquellas fechas en los linderos de esta región, ubicada en la vertiente del pacífico de la Sierra Madre del Sur.
Uno de los principales acuerdos de esa asamblea de campesinos fue la de integrar una mesa directiva por cada una de las comunidades participantes, con el único fin de conseguir armas cortas y largas para integrar las respectivas brigadas de autodefensa que, en caso de incursión de ese grupo armado, los confrontarían “a sangre y fuego”.
El segundo acuerdo de los participantes fue que organizarían una red de comunicación mediante radios de onda corta que les permita mantenerse informados sobre cualquier incidente o agresión que afecte a cada una de las comunidades de esos ejidos, con el fin de acudir en auxilio de la comunidad agredida.
El tercer acuerdo es gestionar ante el gobierno federal apoyo para proyectos productivos, atención a la salud, vías de comunicación y escuelas, dado que la región “se encuentra en un total abandono por parte de las autoridades”, concluyeron en aquella ocasión los campesinos.
En esa asamblea participaron unos 200 campesinos de los ejidos de Bajitos de La Laguna, Bajos de Balsamar, El Edén, Piedras Grandes, de Santa Lucía, Cordón Grande, El Fuerte, Mesas de Cerro Azul, La Trinidad y San Juan Tehuehuetla, quienes expusieron la grave situación de inseguridad en que subsisten los poblados ante lo que consideraron como una “amenaza inminente”, en referencia al grupo criminal al que han comenzado a denominar Los Pintos, por el uso de uniformes de camuflaje.
Esos ejidos se ubican en los municipios de Tecpan de Galeana, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Atoyac de Álvarez.
Los campesinos, entre los que había comisarios municipales, comisarios ejidales y representantes comunitarios, pidieron no mencionar sus nombres para evitar posibles represalias de los grupos que, dijeron, en número de 100 a 200 hombres, han atacado a poblados situados entre los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y Tlacotepec, por el lado interior de la cordillera.
ACUERDOS
1. integrar una mesa directiva por cada una de las comunidades con el único fin de conseguir armas cortas y largas para poder confrontar a los criminales “a sangre y fuego”.
2. Organizar una red de comunicación con radios de onda corta para apoyarse en caso de un ataque
3. Gestionar ante el gobierno federal apoyo para proyectos productivos, atención a la salud, vías de comunicación y escuelas, dado que la región “se encuentra en un total abandono por parte de las autoridades”.
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