Corrientes al interior del PRD exigieron al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, que cumpla su palabra y sea el 21 de marzo el día que deje su mandato para que la dirección del partido quede al mando de un dirigente interino.

 

“Que mi posible presencia no les quite el sueño, se los digo con toda franqueza”, respondió, posteriormente, el líder nacional del PRD, quien se dijo listo para entregar la presidencia nacional del partido el 21 de marzo.

 

“Estoy listo para entregar la presidencia nacional del PRD a partir del 21 de marzo a quien el Consejo Nacional decida que es su propia resolución. Que mi posible presencia no les quite el sueño, se los digo con toda franqueza”, declaró.

 

Aceptó que están agotadas las etapas para renovar a la dirección nacional, sin embargo aseguró que se convocará muy pronto y con tiempos claros establecidos para iniciar la contienda interna.

 

Por su parte, ante la incertidumbre por la renovación de la dirigencia nacional del PRD, que vence su periodo actual el 21 de marzo, el Movimiento Nacional Patria Digna informó que hay un desgaste en el seno del partido para llegar a cualquier acuerdo que abone en la ruta de la elección interna.

 

Carlos  Sotelo, candidato a la presidencia del PRD y líder de dicha corriente, lanzó un planteamiento para apresurar la sucesión en el sol azteca y destacó que debe proceder un interinato.

 

Además, propuso que la elección de los órganos colegiados de dirección política y el de la presidencia nacional sea por voto libre y secreto de todos los afiliados al partido.

 

“Insistir en el voto indirecto es apostar a un partido burocrático, vertical y cada vez más alejado de su base social, de su base militante.  Los dirigentes  no deben elegir dirigentes; estos deben invariablemente ser electos por la militancia”, advirtió.

 

En conferencia de prensa en la sede nacional del PRD, pidió que se respete la resolución del Congreso Nacional y que sea el Instituto Federal Electoral (IFE) o, dependiendo de los tiempos, el Instituto Nacional de Elecciones (INE), el encargado de organizar las votaciones internas.

 

“Es una forma relevante de atajar una práctica de defraudación interna que en otros procesos ha sucedido. Cualquier falta pasaría a ser un delito de carácter federal y perseguido por la autoridad constitucional”,  aseguró el perredista en compañía de Luciano Borreguín, de Izquierda Social y Gilberto Ensástiga, de Unidad Nacional de las Izquierdas.