En una época en la cual resulta prácticamente imposible esconderse, el Gobierno de México atrapó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sin un solo disparo y tras 13 años de ires y venires como prófugo de la justicia.

 

Trece años en los que logró amasar una fortuna que ronda -según la revista FORBES- los mil millones de dólares. Trece años que abarcan los 12 años de Gobierno panista y el primero del ‘nuevo’ PRI.

 

Más allá si las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón lograron -casualmente- solo detenciones de líderes de los bandos enemigos del Chapo Guzmán, resultaría interesante reflexionar en torno a la detención del ‘narcotraficante leyenda’ jefe del cártel de Sinaloa desde una perspectiva de mercadotecnia política.

 

Se trata de una detención espectacular que sin duda eleva el nivel de posicionamiento del Gobierno Mexicano ante la comunidad internacional. Una acción exitosa que podría ser la plataforma para que en el mundo se perciba un verdadero cambio en el país, una estrategia para mejorar los niveles de seguridad nacional y para fortalecer la noción de un Estado de Derecho.

 

Un golpe maestro que para que surta efecto deberá ir acompañado de credibilidad, un valor sine qua non para la opinión pública nacional e internacional.

 

¿Y qué necesita una estrategia de mercadotecnia y comunicación para lograr esa credibilidad ante los públicos meta? Congruencia.

 

Congruencia a partir de encerrar a los funcionarios de bajo, mediano y alto rango que hicieron posible aquella pantomima del 18 de enero del 2001 en el penal de ‘máxima seguridad’ de Puente Grande, Jalisco, de donde se fugo ‘El Chapo’ Guzmán. ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos políticos que hicieron posible una impunidad de 13 años? ¿Qué ‘la inteligencia’ de las unidades de inteligencia no lo saben?

 

Otro punto que abonaría a la credibilidad sería el instrumentar una ‘estrategia de barrido’ donde el ejercito desarticule las células que operan los procesos del cartel desde la siembra, producción de drogas sintéticas, hasta la distribución, y muestre resultados claros.

 

Algo que me llamó mucho la atención hace algunas semanas fue el comentario de un funcionario del sector asegurador que me dijo que las camionetas de lujo de modelo reciente, las cuales por razones de mercado y sofisticación, reportan un bajo nivel de incidencia de robo, están empezando a ser blanco del crimen organizado.

 

Al limitar con políticas financieras y fiscales la compra de vehículos nuevos en efectivo el hampa paga a ladrones para que lleven a Sinaloa o Tamaulipas o Michoacán camionetas Premium robadas a cambio de $50 mil o $60 mil pesos por unidad. Para qué? Para equipar a las fuerzas paramilitares del narco o a esos sospechosos grupos civiles de ‘autodefensa’.

 

Si esta apreciación es correcta, las leyes que buscan evitar el lavado de dinero están detonando o atizando el fenómeno de inseguridad pública en las grandes ciudades en perjuicio, otra vez, de la clase media.

 

Un punto adicional que abonaría a la credibilidad de fortalecimiento del Estado de Derecho en México es desmembrar a las bandas de roba coches desde el autor material hasta los funcionarios del poder judicial que construyen un ambiente de impunidad para que este tipo de ilícitos no solo se dé sino que vaya en franco crecimiento en las ciudades más grandes del país.

 

Uno se imaginaría que cuando uno va a la delegación a denunciar un robo de un auto alguien activa un botón, le da aviso a las patrullas, se activan los sistemas de monitoreo de cámaras y se emprende una estrategia de búsqueda. Nada más alejado de la realidad.

 

Dos horas en promedio es el tiempo que tarda la víctima en llegar a la delegación más la espera para que un Ministerio Público atiende el caso más el lapso en el que ‘el Oficial Godinez’ toma los generales del auto para dar aviso por radio a las patrullas.

 

Tiempo suficiente para que el auto salga del Distrito Federal. Vivimos en el Siglo XXI, en una época en la cual es prácticamente imposible esconderse, este asunto luce como parte del engranaje de impunidad que cuestiona el Estado de Derecho en México.