El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, obtuvo una suspensión provisional en contra de su traslado a Tabasco, donde ya se tiene preparada una celda donde será recluido, según han informado autoridades estatales.
El juicio de amparo 203/2014 fue presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Penal en contra de las órdenes giradas por el Juez de Tabasco, quien mandó el traslado de Granier Melo para enfrentar el proceso por peculado en la modalidad de pandilla.
La defensa del inculpado presentó la demanda el pasado 26 de febrero por “actos fuera del juicio y su ejecución”, y no podrá ser trasladado a Tabasco mientras duren los procesos en contra de los actos ordenados por la juez Tercero Penal, Guadalupe Cadena Sánchez.
“…Vista la demanda de garantías… fórmese expediente y se admite regístrese en el libro de gobierno… la demanda de mérito… tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo…”, informó el juez a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
La acusación en contra de Granier Melo, es por el presunto desvío del erario público tabasqueño por 2 mil 604 millones de pesos.
Esta no es la primer suspensión en contra del traslado, pues el 31 de enero, el juez Primero de Distrito en Materia de Amparo otorgó otra suspensión a favor de Granier contra de la orden de aprehensión, ejecución, y traslado que se giró en su contra.
Este primer juicio en contra de los cargos de peculado en pandilla que le atribuye la Procuraduría de Justicia estatal quedó radicado bajo el expediente 1499/2014.
Mientras que el 25 de enero, la jueza liberó órdenes de aprehensión en contra del ex secretario de Finanzas de Granier, José Manuel Saiz Pineda; el ex subsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras García y el ex tesorero de esa secretaría Alejandro Villegas Aparicio.
De acuerdo con las imputaciones de la Procuraduría de Justicia de Tabasco, Granier Melo y sus funcionarios desviaron fondos del Ramo 28 otorgados por el Banco de México a la administración durante el 2012 para educación pública y el sector salud.
A través de los análisis de los peritos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria se detectó que tan sólo en el ejercicio presupuestal 2012 se hubo irregularidades por 2 mil 604 millones de pesos, presupuesto que fue justificado a través de información falsa presentada al Congreso estatal.
Mientras que en el reporte trimestral hasta el 30 de junio de 2012 se encontró una justificación documental bajo el rubro de gastos diversos por mil 064 millones de pesos, cuando en realidad la disposición era de 2 mil 604 millones.