Derivado de su preocupación por la situación que tienen diversos defensores de los derechos humanos en entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Estado de México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alista un llamado urgente al gobierno federal para que cumpla una serie de recomendaciones.
“Este clima incluiría asesinatos, secuestros, detenciones y allanamientos de individuos y organizaciones, a menudo trabajando por los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales y en el contexto de grandes proyectos de desarrollo y operaciones de empresas del sector energético y extractivo”, indica el reporte del organismo internacional.
El extrañamiento se hará a través de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navanethem Pillay, en el marco del Segmento de Alto Nivel del 25 Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, en las próximas tres semanas.
El informe A/HRC/25/74, fechado el 24 de febrero de 2014, da cuenta, por ejemplo, “del clima de violencia, intimidación y hostigamiento” que viven habitantes indígenas del municipio de Coyotepec –de origen nahua– por autoridades del gobierno del Estado de México, denunciadas por el Centro de los Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
La oficina de relatoría del organismo internacional explica que miembros de esta comunidad mexiquense habrían llevado a cabo una protesta pacífica contra los planes de municipalizar el sistema del agua, sin embargo, fueron amenazados y atacados.
“El 1 de julio de 2013, Alberto Cruz Luna, habría sido asesinado a tiros supuestamente por personas vinculadas al gobierno municipal”, señala la oficina de la Relatoría especial de los defensores de los derechos humanos de la ACNUDH.
El informe recuerda que el 7 de julio del año pasado, un grupo de lugareños “habrían solicitado medidas cautelares a la Secretaria de Gobernación, las cuales habrían sido otorgadas aunque de una forma intermitente.
Adicionalmente, se alega que a unos solicitantes se les negaba protección por “no haber (contado con un) número de teléfono”.
El otro frente
Por otra parte, en las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos se da cuenta que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se ha opuesto a la mega obra Proyecto integral Morelos, administrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa trasnacional española Elecnor.
“Este proyecto consiste en la construcción de un gasoducto y dos centrales termoeléctricas, los cuales podrían representar un riesgo para el medio ambiente y la vida de las poblaciones indígenas donde se pretende construir”, detalla Pavel Sulyandzinga, participante en el grupo de trabajo de la ACNUDH.
Se sabe que como parte de este proyecto, la CFE planteó construir un gasoducto para conectar ductos de Pemex que van de la refinería de San Martín Texmelucan, Puebla, a Huexca.
Esa tubería, con diámetro de 30 pulgadas, se extendería a lo largo de 150 kilómetros para atravesar unas 60 comunidades de las tres entidades colindantes con el majestuoso volcán Popocatépetl.
Sin embargo, en septiembre pasado un grupo de vecinos se manifestó en contra de las obras logrando detener por un día los trabajos del proyecto. Provocaron que las autoridades de Morelos les prometieran “revisar y actuar con forme a derecho”.
La ACNUDH, dependiente de la ONU, tomó conocimiento que el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu respondió en contra de los inconformes con un enfrentamiento de integrantes de la policía estatal en contra de los quejosos.
“Durante el incidente, Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, habría sido separado con violencia del grupo y arrestado por aproximadamente quince elementos de las fuerzas del orden”.
Tras haber sido trasladado a la ciudad de Cuernavaca, “Jaime Domínguez Pérez habría sido amenazado de muerte por su actividad de defensa”; también consta que el activista ambientalista fue “y víctima de malos tratos siendo insultado y golpeado en sus oídos, cabeza, rostro y torso por los agentes aprehensores”.
El defensor de los derechos humanos “fue detenido e incomunicado hasta las dos de la tarde del 20 de septiembre de 2013 y liberado bajo fianza al día siguiente a las dos de la tarde”, por las autoridades del gobernador perredista.
Llamado urgente
El 26 de noviembre pasado, la relatoría internacional le hizo un llamado urgente al gobierno federal para que adopte las medidas necesarias para asegurar que el derecho a la libertad de opinión y de expresión sea respetado, de acuerdo con los principios enunciados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Recordó que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Sin embargo, el gobierno federal no ha dado respuesta a estas comunicaciones, por lo que ahora será necesario que responda a los señalamientos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en los próximos días.
Apenas la semana pasada, la subsecretaria de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, sostuvo que México seguirá proponiendo iniciativas para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidad, así como el empoderamiento de las mujeres”.
México reporta avances
El miércoles pasado, en Ginebra, Suiza, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, destacó que México mantendrá una plena apertura en derechos humanos, al escrutinio internacional, así como una invitación abierta y permanente a los mecanismos especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.
En representación del Estado mexicano, en el marco del Segmento de Alto Nivel del 25° Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirmó que la elección de México en este Consejo, representa una gran responsabilidad para contribuir a la promoción y respeto de los derechos humanos en todo el mundo.
Señaló la importancia de que el Consejo continúe promoviendo la protección a personas en situaciones vulnerables o que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual. AGENCIAS
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