Legisladores del PRD y PT, aglutinados en el denominado “Polo Progresista” que impulsó Marcelo Ebrad, afirmaron que la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el ejecutivo, es un “retroceso” para el país.
Señalaron que, de ser aprobada en sus términos, afectaría la economía de la República Mexicana. Aleida Alavez Ruiz (PRD), vicepresidente de la Cámara de Diputados; Adolfo Orive Bellinger (PT), presidente de la Comisión de Competitividad, y Socorro Ceseñas Chapa (PRD), cuestionaron esta reglamentación en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica.
Alavez Ruiz dijo que con esta iniciativa “no se avanza en un sistema verdadero que propicie la competencia, ampliando la oferta, calidad y precios de bienes y servicios que brinden a consumidores y usuarios”.
Señaló que tampoco se eliminan beneficios fiscales a las grandes empresas, de manera que estos se dirijan, así como lo apoyos financieros, hacia los sectores productivos que fortalecen las economías locales y regionales.
Consideró que la iniciativa no dota de suficientes atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) “para que ejerza una estricta vigilancia, cumpla con su función disuasiva de las prácticas monopólicas y oligopólicas y aplique sanciones oportunas y ejemplares a las empresas que desarrollen dichas prácticas en cualquier sector”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Competitividad, Adolfo Orive Bellinger (PT), indicó que la iniciativa del Ejecutivo en la materia, así como la presentada por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón (PRD) y otros diputados del PRD, “hacen retroceder al país a los primeros 50 años del siglo XIX”.
Opinó que dichas iniciativas promueven una “tala” a las empresas y no una competencia basada en méritos como la innovación o la mejora de tecnología, producción, organización o distribución.
Consideró que la iniciativa del Ejecutivo “afecta a toda la economía mexicana”, ya que busca imponer que la competencia sea “hacia abajo” en vez de hacer que los micro empresarios sean integrados a cadenas de valor.
Comete un error “mayúsculo” al establecer en la legislación que la Cofece deberá emitir un pronunciamiento de que existen prácticas anticompetitivas para que se puedan presentar acciones civiles ante éstas, indicó.
“Viola todo el derecho si yo, efectivamente, tengo la posibilidad ex ante de investigarte porque presumo que tienes monopolio, y te condeno y ordeno la desincorporación de tus acciones, cuando no te doy, ni siquiera, la más mínima posibilidad de que te defiendas”, expresó.
Socorro Ceseñas Chapa (PRD) manifestó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo es “rabona”, pues no inhibe de manera eficiente las prácticas anticompetitivas y monopólicas en el país y “simula” sanciones.
Indicó que no define términos como “preponderancia”, o “insumos esenciales”, lo que puede resultar perjudicial para los consumidores y la economía del país, ya dichos conceptos quedan al libre albedrío de la interpretación subjetiva.
En la rueda de prensa participaron también los diputados del PRD José Luis Muñoz Soria, Mario Carrillo Huerta y Guadalupe Flores Salazar.