PARÍS. No podría ser más nublado el panorama para el ex presidente Nicolas Sarkozy quien quiere reelegirse a como dé lugar. Si las grabaciones comprometedoras realizadas a sus espaldas por un ex consejero durante su etapa como presidente no fueron suficientes, el semanario Le Point informó que el juez que presuntamente le pasó informaciones que estaban bajo secreto de sumario intentó suicidarse.
Gilbert Azibert, magistrado de la sala de lo civil del Tribunal Supremo galo, trató de acabar con su vida anoche en Burdeos, donde reside, y se encuentra hospitalizado.
Según Le Point, el juez avisó a su esposa de su intención de suicidarse al no soportar las sospechas que pesaban sobre él en relación con Sarkozy.
A punto de jubilarse, Azibert saltó a la luz pública después de que el pasado viernes el vespertino Le Monde publicara que había revelado secretos de un proceso en el que estaba implicado Sarkozy a cambio de un nombramiento de consejero de Estado en Mónaco.
El diario aseguraba que esa información se desprendía de las conversaciones grabadas por los jueces que habían ordenado pinchar desde abril de 2013 el teléfono de Sarkozy para investigar las sospechas sobre la financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007.
Le Monde señalaba que Azibert informaba al abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, del avance de una de las investigaciones que estaba siendo juzgada por el Supremo.
En concreto, la petición de los abogados de que se devuelvan las agendas del expresidente confiscadas por la justicia.
Los jueces ordenaron que se pinchara el teléfono de Sarkozy y el de su abogado dentro de la investigación sobre la presunta financiación de su campaña con dinero del exdictador libio Muamar el Gadafi.
El análisis de las conversaciones telefónicas permitió, sin embargo, sacar a la luz un presunto delito de tráfico de influencias para ascender a Azibert, además de otro de revelación de informaciones sujetas a secreto sumarial.
La revelación de que los teléfonos de Sarkozy y de su abogado estaban pinchados por la justicia ha provocado un gran revuelo en la clase política y entre los letrados.
El decano del colegio de abogados de París, Pierre-Olivier Sur, anunció el envío de una carta al presidente, François Hollande, para mostrarle su desaprobación por estas escuchas que consideró “violentas y desproporcionadas”.
“Es gravísimo pinchar el teléfono móvil de un abogado”, dijo en la emisora Europe 1 el decano, que reclamó una “justicia independiente”.