El ex propietario de Mexicana, Gastón Luis Azcárraga Andrade, solicitó un amparo contra la orden de aprehensión que existe en su contra por lavado de dinero. El juzgado le dio trámite y concedió la suspensión provisional, pero al empresario de nada le servirá, podrá ser detenido en cualquier momento por ser un delito grave.
Los abogados de Azcárraga Andrade iniciaron el trámite el pasado cuatro de marzo contra la orden de captura, porque consideran que se violan las garantías de su cliente y carecen de sustento las acusaciones.
Los litigantes pretenden que el juzgado Séptimo de Distrito, donde se radicó el expediente 221/2014 de amparo, revise el caso sin que el empresario pise la cárcel, manteniéndose prófugo, y en unos meses logren anular la orden de captura.
Sin embargo, existe una orden internacional de búsqueda y localización por parte de Interpol, por lo que corre el riesgo de ser capturado en México o el extranjero.
Para la Procuraduría General de la República (PGR) Gastón Azcárraga es presunto responsable del delito de uso de recursos de procedencia ilícita, al no haber informado a los inversionistas sobre los créditos otorgados por Banorte y por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), por un total 198 millones.
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam ha dicho que las investigaciones contra el empresario no se limitan al delito de lavado de dinero, y la carpeta de investigación en su contra sigue abierta por la comisión de otros ilícitos.
En el juzgado se negaron entregarle copias del expediente a los abogados, porque “el acto que reclama la parte quejosa, tiene como origen una indagatoria relacionada con los delitos de delincuencia organizada”.
Pero los representantes legales del empresario se inconformarán con esta decisión, porque el delito de lavado de dinero por el que se acusa a su cliente no está vinculado con delincuencia organizada, como lo dedujo el juez.
Azcárraga Andrade, también enfrenta otras demandas presentadas por los agremiados del sindicato de Mexicana de Aviación, así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lo acusan de retener al menos 100 millones de dólares en impuestos.
Entre los argumentos presentados por el Ministerio Público es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó que Azcárraga violó la Ley del Mercado de Valores al no proporcionarles a tiempo y forma la información a los accionistas sobre la venta que realizó de Mexicana de Aviación.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, como accionistas del 5% de Mexicana de Aviación, denunció que la ley fue violentada por Gastón Azcárraga, al omitir esa información.